Al menos 17 mandatarios regionales anunciaron que no implementarán las medidas tributarias del decreto 1474 de 2025 y estudiarán tutelas y excepciones de inconstitucionalidad, mientras el Gobierno advierte sobre consecuencias legales por desconocer la norma.

Un nuevo foco de confrontación política se abrió este jueves entre el Gobierno nacional y las regiones del país tras la decisión de varios gobernadores de no aplicar el polémico Decreto de Emergencia Económica (1474 de 2025), emitido por el presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis fiscal y que actualmente está bajo revisión de la Corte Constitucional.

Durante una reunión en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), al menos 17 mandatarios regionales acordaron que no implementarán las medidas tributarias consignadas en el decreto, especialmente las que elevan impuestos al consumo de licores y tabaco, por considerar que afectan de manera directa los ingresos propios de los departamentos y ponen en riesgo servicios públicos clave como salud, educación y deporte.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que su departamento aplicará una excepción de inconstitucionalidad para no ejecutar el decreto hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre su validez, argumentando que la medida representa una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y puede afectar gravemente las finanzas departamentales.

Los gobernadores también estudiarán interponer acciones judiciales, incluidas tutelas, para frenar la implementación del decreto en sus territorios y pedirán ser escuchados formalmente por el alto tribunal sobre las consecuencias económicas de la medida.

La reacción de las regiones se produce tras una carta remitida por la FND al Gobierno en la que se manifiesta el rechazo a los cambios tributarios decretados, considerados por los mandatarios como un mecanismo que recentraliza los ingresos y limita la capacidad de inversión en sectores sociales.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la postura de los gobernadores y los acusó de estar promoviendo un incumplimiento de la ley, al tiempo que advirtió que su actitud podría constituir un caso de prevaricato por invitar a no acatar una norma vigente y que incluso podrían responder con sus patrimonios por los impuestos que se dejarían de recaudar.

La batalla política en torno al decreto de emergencia económica se suma a otras controversias fiscales y legales que han surgido desde que el Ejecutivo decidió utilizar esta figura extraordinaria para sortear el rechazo de una reforma tributaria en el Congreso y asegurar recursos para el Presupuesto General de la Nación 2026.

La decisión de los gobernadores de no implementar el decreto de emergencia económica marca una escalada en las tensiones entre el Gobierno central y las autoridades regionales, y plantea un escenario de incertidumbre sobre el equilibrio de competencias fiscales en Colombia. Con la Corte Constitucional como árbitro final del debate jurídico, el país observará cómo se resuelve esta disputa que, más allá de lo tributario, refleja la profunda discusión sobre autonomía territorial y responsabilidad fiscal en medio de un panorama económico desafiante.