El exprocurador y candidato presidencial recibió mensajes intimidatorios del ELN, lo que llevó a que las autoridades reforzaran medidas de seguridad y se active seguimiento especial para proteger a aspirantes en medio del calendario electoral.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue objeto de amenazas atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), según denunciaron este viernes fuentes oficiales y medios nacionales, lo que ha generado alertas por la seguridad electoral en el marco de la contienda hacia las elecciones presidenciales de 2026.
La información fue difundida luego de que el propio De la Espriella diera a conocer que recibió mensajes intimidatorios que involucraban al ELN, organización armada al margen de la ley que ha llevado a cabo acciones violentas en varias regiones del país. Aunque no se divulgaron todos los detalles de los contenidos, las amenazas habrían tenido un componente claro de intimidación política, motivo por el cual las autoridades activaron protocolos de protección.
Reacción institucional
Tras la denuncia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional anunciaron el inicio de investigaciones para verificar la autenticidad de las amenazas, identificar a los responsables y determinar si existió comunicación directa con estructuras delictivas o si se trata de acciones delictivas aisladas que se están utilizando con fines intimidatorios.
La Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Electoral confirmó que se han activado medidas de protección específicas para De la Espriella, incluyendo acompañamiento permanente por parte de unidades especializadas, con el fin de garantizar su integridad física mientras continúa con su actividad proselitista.
Preocupación por seguridad electoral
Este hecho ha encendido las alarmas de diversos sectores políticos y de la sociedad civil, que han expresado preocupación por la seguridad de todos los candidatos en el marco de una campaña electoral que se avecina competitiva y polarizada. Voces representativas del partido Centro Democrático, así como de otras colectividades, han instado a que las autoridades intensifiquen los mecanismos de protección, supervisión y persecución penal frente a amenazas de esta naturaleza.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también se pronunciaron, recordando que el derecho a participar en procesos electorales sin amenazas ni intimidación es una garantía fundamental en democracia, y que cualquier acto que busque amedrentar a candidatos debe ser investigado con rigor.
Contexto del ELN y violencia política
El ELN, el segundo grupo ilegal más numeroso del país, ha tenido una larga trayectoria de enfrentamientos con el Estado colombiano y ha sido responsable de múltiples actos violentos en distintas regiones, incluyendo secuestros, atentados y extorsiones. Su accionar ha impactado de manera particular a zonas rurales y fronterizas, lo que ha implicado constantes retos para los procesos de paz y seguridad.
Aunque no se ha confirmado oficialmente que la organización tenga una directiva estratégica de interferir en el proceso electoral, el uso de amenazas contra figuras públicas —especialmente aspirantes a cargos de elección popular— ha generado un debate amplio sobre la necesidad de reforzar la seguridad y combatir la criminalidad que pueda influir en la libre participación política.
Llamado a la protección democrática
El Consejo Nacional Electoral (CNE), junto con la Misión de Observación Electoral (MOE) y otras organizaciones sociales, han reiterado la importancia de garantizar condiciones de seguridad, transparencia y libertad para que todas las campañas se desarrollen sin interferencias violentas. Asimismo, han solicitado a las autoridades competentes agilizar procesos de investigación y sanción contra quienes atenten contra la integridad de los candidatos o utilicen los mensajes intimidatorios como herramienta de presión.
Mientras se espera el avance de las investigaciones, el país continúa preparándose para una contienda electoral que se percibe intensa en 2026, con múltiples aspirantes y una sociedad expectante ante las garantías de seguridad y participación democrática.