El jefe de Estado solicita a La Haya investigar al líder de las disidencias de las Farc por múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario, tras agotar las vías judiciales en Colombia y denunciar el recrudecimiento de violencia en varias regiones del país.
El presidente Gustavo Petro presentó este viernes una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como Iván Mordisco, líder de la facción disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), por su presunta responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2017 y 2026.
La acusación fue radicada por instrucción del presidente a través de su abogado, Alejandro Carranza, luego de que, según el Gobierno, se hayan agotado todas las vías legales internas para enfrentar la actuación de esta organización armada. En el documento remitido a la CPI se señala que las acciones de la disidencia liderada por Mordisco constituyen un patrón sistemático de violencia que incluye asesinatos, desplazamientos forzados, confinamientos masivos y ataques contra población civil, comunidades indígenas, afrodescendientes y excombatientes en proceso de reincorporación.
En el texto de la denuncia se afirma también que el grupo bajo el mando de Iván Mordisco ha “burlado” los intentos de paz del Gobierno, especialmente en el marco de la política de “paz total”, y que ha mostrado desinterés en negociar un cese de hostilidades. Además, se pide a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que evalúe la emisión de una orden de arresto contra el acusado para asegurar su comparecencia, impedir la obstrucción de la investigación y prevenir la continuación de los hechos denunciados.
La denuncia se sustenta, entre otros argumentos, en informes de organismos internacionales que han documentado un aumento de personas desplazadas y confinadas en regiones como el Cauca, así como la violación del Derecho Internacional Humanitario en un conflicto armado no internacional. El documento también acusa al grupo de cometer ejecuciones selectivas, masacres, secuestros de menores e indígenas, hechos que, según el escrito, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno colombiano ha señalado que la denuncia ante la CPI se produce en un contexto de recrudecimiento de la violencia por parte de las disidencias, y que su presentación demuestra el compromiso del Estado con la justicia internacional y el respeto de los derechos humanos, tras considerar insuficiente la respuesta de la justicia nacional y la negativa de Mordisco a acogerse a mecanismos de paz.
Con esta acción, Colombia no solo busca que la CPI examine posibles responsabilidades penales, sino que también se exploran vínculos con otras redes criminales y la expansión transnacional de sus actividades, lo que podría tener implicaciones más allá de las fronteras nacionales.
La denuncia presentada este viernes ante La Haya marca un hito en la estrategia del Gobierno colombiano para enfrentar a las estructuras armadas ilegales tras el agotamiento de los mecanismos internos de justicia. Ahora, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional deberá determinar si existen suficientes elementos para avanzar con el proceso, mientras el país observa los próximos pasos de un caso que podría redefinir la respuesta judicial internacional al conflicto armado interno.