Un juzgado penal municipal de Neiva (Huila) ordenó al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, retractarse públicamente y pedir disculpas a Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de uno de sus hijos, por declaraciones consideradas ofensivas y sin sustento, informó la justicia colombiana.
La decisión respondió a una acción de tutela interpuesta por Robles Ramírez y su hijo, luego de que Ibáñez, en una entrevista concedida al medio digital Casa Macondo, expresara que habría sido víctima de abuso sexual por parte de la madre de su hijo y que, tras una situación de indefensión, terminó en una relación con ella.
El juez determinó que esas afirmaciones constituyen acuerdos graves y lesivos para la honra y el buen nombre de Robles Ramírez, ya que implican una imputación directa de abuso sexual sin elementos de prueba ni fundamentos jurídicos.
📜 Lo que ordenó el juez
- Ibáñez tiene cinco días para retractarse y ofrecer disculpas públicas a la madre de su hijo.
- La rectificación debe hacerse en coordinación con el medio Casa Macondo y publicarse tanto en su sitio web como en sus cuentas oficiales de redes sociales.
- La medida busca restaurar el derecho fundamental al buen nombre y la honra de la afectada, protecciones consagradas en la Constitución.
El juez resaltó que, aunque las opiniones personales están amparadas por la libertad de expresión, quienes ostentan cargos de alta dignidad pública, como el de presidente del alto tribunal, tienen cargas mayores de veracidad, prudencia y responsabilidad al hacer declaraciones que afectan la reputación de otras personas.
La controversia se originó tras una entrevista en agosto de 2025 en la cual Ibáñez comentó un proceso judicial relacionado con su paternidad, mencionando hechos personales de manera explícita y calificativa. La publicación de esas afirmaciones generó repercusiones jurídicas al entenderse que vulneraron derechos fundamentales de terceros sin respaldo probatorio. La orden de retractación contra Jorge Enrique Ibáñez pone de relieve la tensión entre la libertad de expresión y la protección del buen nombre y la honra, especialmente cuando se trata de declaraciones de personas en posiciones de alta autoridad judicial. El fallo obliga al presidente de la Corte Constitucional a corregir y disculparse por afirmaciones que fueron consideradas injuriosas y potencialmente dañinas para la reputación de la madre de su hijo, reafirmando la importancia de la responsabilidad en la comunicación pública.