Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir y trata de personas en un caso que enviaba mujeres a Noruega con promesas falsas de empleo.
La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo conjunto con la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional, judicializó a Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, señalados como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde enfrentaron imputaciones por concierto para delinquir agravado y trata de personas, delitos que no aceptaron.
Según la investigación, la red operaba principalmente en Cali (Valle del Cauca), donde captaba a jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de falsas promesas laborales y ofrecimientos de salarios millonarios para trabajar en Europa. Las víctimas eran convencidas de viajar con destino a Oslo (Noruega), pero una vez en el extranjero eran sometidas a engaños, amenazas e tratos degradantes, y explotadas sexualmente, según la Fiscalía.
Modus operandi y avances de la investigación
De acuerdo con los elementos de prueba recopilados por las autoridades, Hernández Díaz contactó a las jóvenes entre julio y noviembre de 2023, gestionó estudios fotográficos en ropa interior, tramites de pasaportes y cartas de invitación consular para facilitar la salida de las víctimas desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá rumbo a Europa.
Por su parte, Cadena Roa estaría implicado en la logística de traslado y en actos de intimidación con armas de fuego para que las mujeres no denuncien ni alerten sobre la existencia de la organización delictiva, según la Fiscalía.
La aparente estructura criminal no estaría limitada a los dos procesados, ya que las autoridades han identificado la existencia de un posible líder de la red, un ciudadano colombo-noruego, sobre quien pesa una orden de captura internacional.
Medida de aseguramiento y contexto legal
El juez penal de control de garantías determinó que Hernández Díaz y Cadena Roa deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario, mientras avanzan las fases del proceso judicial en su contra. Las imputaciones por trata de personas y concierto para delinquir agravado reflejan los presuntos roles de cada uno dentro de la cadena delictiva.
La trata de personas es un delito grave tipificado en la legislación colombiana, que contempla sanciones severas por la captación, traslado y explotación de seres humanos con fines de lucro, incluida la explotación sexual u otras formas de servidumbre moderna.
La judicialización de Hernández Díaz y Cadena Roa representa un avance en la lucha contra las redes transnacionales de trata de personas que operan desde el país, y evidencia la importancia de la coordinación entre la Fiscalía y la Policía para desmantelar organizaciones criminales que aprovechan la vulnerabilidad de jóvenes con promesas falsas de oportunidades laborales en el exterior.