La ofensiva incluye cierres de vías con cilindros, bloqueos, atentados a infraestructura y restricciones a la movilidad, lo que genera alarma social y respuesta de las autoridades.

En el marco del paro armado nacional anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —que se extenderá hasta el 17 de diciembre de 2025—, las acciones violentas atribuidas a ese grupo armado han dejado al menos 51 hechos delictivos en 13 departamentos del país durante las primeras 48 horas del anuncio, según el Ministerio de Defensa y reportes de seguridad. 

Principales ataques y modus operandi de la guerrilla

Las acciones atribuidas al ELN incluyen:

• Atentados a infraestructura vial y de peajes, entre ellos un ataque con artefacto explosivo al peaje La Lizama en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, que dejó una funcionaria herida.
  
• Cierres de rutas mediante la colocación de cilindros alusivos al grupo armado en corredores como Cúcuta–Pamplona y otros puntos estratégicos de Norte de Santander, obligando a la desactivación controlada por parte del Ejército.
  
• Bloqueos con vehículos y árboles que han paralizado tramos de carretera, especialmente en departamentos fronterizos y del sur del país.
  
• Instalación de banderas, grafitis y amenazas en vías públicas, generando restricciones en la movilidad terrestre y fluvial tanto para transporte público como privado.
  
• Reportes de incineración de vehículos y acciones intimidatorias en municipios de Antioquia, Chocó, La Guajira y otras regiones.
  

Estas acciones se han registrado en zonas como Cauca, Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Chocó, La Guajira, Casanare, Boyacá, Magdalena Medio y Nariño, entre otros. 

Impacto en la vida cotidiana y la seguridad

El paro armado ha afectado de manera directa la movilidad terrestre y fluvial, con suspensión de servicios de transporte, cierre de carreteras y puntos de alta congestión vehicular. En varios municipios las empresas de transporte han suspendido actividades por razones de seguridad, y las autoridades han implementado dispositivos especiales para la protección de la población.

La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por la estrategia de paralización de actividades, calificándola como una “grave vulneración de los derechos humanos” y del Derecho Internacional Humanitario, en tanto impone restricciones ilegales a la población civil y genera miedo en contextos no combatientes. 

Respuesta de las autoridades

Frente a la escalada de violencia, las fuerzas del Estado han reforzado la presencia militar y policial en los corredores afectados, y se han emitido recompensas por información que permita identificar a los responsables de estas acciones delictivas. 

El Gobierno y la delegación oficial en el proceso de paz con el ELN han rechazado el paro armado, mientras el grupo insurgente sostiene que la medida no constituye una ruptura de la mesa de diálogo y atribuye el estancamiento a incumplimientos del Estado. 

El paro armado decretado por el ELN ha desencadenado una oleada de acciones violentas que ha afectado la seguridad, la movilidad y los derechos de las comunidades en al menos 13 departamentos del país. Entre ataques a infraestructura, cierres de vías con cilindros, bloqueos y amenazas, las autoridades enfrentan el desafío de garantizar la protección de la población y prevenir nuevos hechos mientras persiste la controversia en torno a la dinámica del conflicto armado y la mesa de paz.