Operación militar dejó cuantioso arsenal incautado y evidencia del poder armado de esta organización que opera en la Sierra Nevada.

El Ejército Nacional informó que tropas del Batallón de Montaña Número 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz, adscritas a la Segunda Brigada, sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidos como “Los Pachenca”, en la vereda El Mirador, en el municipio de Ciénaga, Magdalena. El enfrentamiento se registró en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a contrarrestar a estructuras ilegales que afectan la seguridad local. 

Durante la operación, las Fuerzas Militares incautaron un importante arsenal, que, según las autoridades, representaba una amenaza para la población civil en la región. Entre los elementos decomisados se encuentran 1.396 cartuchos de diferentes calibres, una pistola, 21 granadas hechizas adaptadas para drones, tres granadas artesanales, una libra de pólvora negra, tres escopetas, 13 proveedores, nueve cintelas y dos chalecos multipropósito, además de uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, material de intendencia y equipos de comunicación, según el reporte castrense. 

El Ejército resaltó que el arsenal incautado evidencia la capacidad armada de este grupo criminal y su potencial para perpetrar acciones violentas en la región, y señaló que las operaciones continuarán “en coordinación con las demás autoridades para garantizar condiciones de seguridad, estabilidad y convivencia pacífica para la población civil”.

Quiénes son “Los Pachenca” y su impacto en la región

“Los Pachenca”, como también se les denomina, son una organización criminal con presencia en el norte del país, especialmente en el departamento de Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta, donde controlan corredores de narcotráfico y redes de extorsión que han afectado la seguridad y la vida de las comunidades locales. 

El grupo ha estado en el foco de la opinión pública antes de este suceso por la difusión de videos en los que presuntos integrantes imponían castigos violentos a civiles, como trabajos forzados, inmovilización de extremidades, exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento y penas públicas por supuestas conductas delictivas como el hurto, la violencia de género, la venta de drogas y la violencia intrafamiliar. 

Estas prácticas fueron incluso denunciadas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en noviembre de 2025, que calificó dichos actos como graves vulneraciones de derechos humanos, incluidos posibles actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra la población civil, particularmente mujeres forzadas a realizar trabajos y sometidas a violencias simbólicas como el rapado de cabello. 

Reacción institucional y retos de seguridad

Frente a este nuevo capítulo de confrontación, las autoridades han reiterado la importancia de reforzar las operaciones militares y de inteligencia para desarticular las capacidades logísticas y armadas de estas estructuras criminales y proteger a las comunidades afectadas. La incautación de armas y explosivos se presenta como un golpe operativo que busca debilitar la capacidad de acción de “Los Pachenca” en la Sierra Nevada y sus zonas de influencia. 

Organizaciones de derechos humanos y la ONU han instado al Estado colombiano a intensificar acciones para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y protección a las víctimas de abusos cometidos por estos grupos armados, al tiempo que se atienden los riesgos asociados a la presencia de armas pesadas en zonas con población civil. 

Los combates entre el Ejército y “Los Pachenca” en la zona rural de Ciénaga (Magdalena) revelararon la persistencia de la presencia armada de esta organización criminal y su capacidad de obtener y almacenar armamento sofisticado. La operación militar y la incautación del arsenal representan un avance en la lucha contra estas estructuras, pero también subrayan los desafíos continuos de seguridad y protección de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores, donde la población civil sigue expuesta a la violencia derivada del conflicto con grupos armados ilegales.