Durante el debate en la Cámara, la representante Katherine Miranda expuso dos hechos ocurridos en Antioquia y Meta que, según ella, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, mientras el Mindefensa insiste en la investigación de estos hechos.
En medio de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los bombardeos del Ejército en los que murieron menores de edad y otras acusaciones, la congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde, presentó denuncias sobre dos supuestos casos de ejecuciones extrajudiciales —conocidos como “falsos positivos”— ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro.
El primer hecho denunciado, ocurrido en diciembre de 2024 en Ituango (Antioquia), involucra a John Bayron Londoño Gutiérrez, un civil que habría sido detenido por tropas del Ejército, golpeado y reducido, y luego abatido por uniformados que, según la denuncia, lo presentaron como baja en combate con un arma plantada en su mano para simular enfrentamiento. La denuncia señala inconsistencias —como la ausencia de pulgar en esa mano— que pondrían en duda la versión oficial del operativo.
El segundo caso señalado tuvo lugar el 29 de noviembre de 2024 en Vista Hermosa (Meta), donde Antonio José Dagua Gómez, líder comunitario sin antecedentes penales y dedicado a labores agrícolas, habría sido muerto en un operativo militar presentado por el Ejército como resultado de combate con disidencias de las Farc. Habitantes de la zona, citados por la representante, aseguran que no ocurrió enfrentamiento real y que la víctima fue erróneamente exhibida como integrante armado.
📌 Respuesta del Gobierno y situación judicial
El ministro Sánchez defendió que estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, y afirmó que la Fuerza Pública no tolera acciones contrarias al Derecho Internacional Humanitario, aunque reafirmó que serán las autoridades competentes las que determinen la veracidad de los hechos denunciados.
Estas denuncias se presentaron en el contexto de un tenso debate en la Cámara de Representantes, en el que se evalúa la gestión del Mindefensa no solo por estos casos, sino también por las operaciones militares que han generado cuestionamientos políticos y sociales.
La presentación de estos dos casos de presuntos “falsos positivos” durante la moción de censura subraya la gravedad de las acusaciones contra el Ministerio de Defensa y el Ejército colombiano. Aunque el Gobierno sostiene que las investigaciones avanzan, las denuncias alimentan un debate más amplio sobre la actuación de la fuerza pública y la necesidad de esclarecer hechos en los que civiles habrían sido presentados como combatientes. El avance de las pesquisas judiciales será clave para determinar responsabilidades y ofrecer claridad a la opinión pública.