La exesposa y testigo clave afirma ser víctima de intimidaciones, seguimientos y ataques por parte del abogado defensor del hijo del presidente Gustavo Petro. Alista acciones legales y exige protección del Estado.
Day Vásquez, exesposa y testigo clave en el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, ha denunciado públicamente una serie de amenazas e intimidaciones que, según afirma, están directamente relacionadas con su papel dentro del proceso judicial que involucra al hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
En los últimos días, Vásquez ha reportado la presencia de rondas sospechosas en las cercanías de su residencia, además de recibir mensajes amenazantes que han generado una creciente preocupación por su integridad física. La situación ha sido calificada como grave por sus allegados, quienes exigen a las autoridades brindar protección inmediata.
Pero las denuncias no terminan ahí. Vásquez también ha anunciado que alistará una denuncia formal por violencia de género contra Alejandro Carranza, abogado defensor de Nicolás Petro. Según sus declaraciones, el jurista habría incurrido en comportamientos intimidatorios y ofensivos durante el desarrollo del proceso, configurando un patrón de violencia de tipo psicológico y simbólico hacia ella como mujer y testigo.
«Esto no se trata solo de una persecución judicial, sino de una estrategia sistemática para silenciarme, para aislarme y para hacerme sentir vulnerable», habría expresado Vásquez a través de sus redes sociales.
El caso Nicolás Petro continúa siendo uno de los escándalos de corrupción más delicados en la esfera política actual. La figura de Day Vásquez ha sido central desde que, en 2023, decidió revelar presuntos ingresos irregulares de dineros de campaña y nexos con estructuras ilegales. Su testimonio abrió el camino a investigaciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y financiación irregular de campañas políticas, en un caso que involucra directamente al entorno más cercano del presidente.
Diversos sectores han exigido que la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección refuercen medidas de seguridad para la testigo, mientras crece el debate público sobre el uso de estrategias de hostigamiento judicial y mediático contra mujeres denunciantes en casos de alto perfil.