El alto tribunal confirmó gran parte de la norma enfocada en transparencia y diálogo con la ciudadanía, pero eliminó apartes sobre recursos y acceso a medios por no ser constitucionales.
La Corte Constitucional de Colombia aprobó con ajustes el Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado, que obliga a los congresistas a rendir cuentas de su gestión, en una decisión que busca fortalecer la transparencia y el diálogo entre representantes y ciudadanos.
Con la sentencia C-028 de 2026, la Corte consideró que la iniciativa, en su mayoría, se ajusta al marco legal e impulsa una cultura de información abierta y responsabilidad pública, pero identificó y declaró inconstitucionales algunos apartes de los artículos 4 y 8, así como del artículo 9, por no estar vinculados con el objetivo principal de la ley.
Según el alto tribunal, se deberá eliminar del texto normativo el parágrafo que garantizaba a los congresistas acceso libre y gratuito a medios públicos y comunitarios, y también la disposición que les permitía asumir directamente los recursos para realizar espacios de diálogo con la ciudadanía. Estos apartes quedaron fuera porque no cumplen con los criterios establecidos en la Constitución.
La ley obliga a cada congresista a presentar, al finalizar cada legislatura, un informe de gestión público y en lenguaje claro, en formato digital. Además, establece que cada parlamentario debe convocar, en los 30 días siguientes, espacios de diálogo público en los que expliquen su labor y respondan preguntas de la ciudadanía.
Debido a los ajustes ordenados por la Corte, el texto deberá ser modificado y devuelto al Congreso para su revisión final y posterior firma presidencial antes de convertirse oficialmente en ley.
Los defensores de la norma consideran que este mecanismo representa un avance en la rendición de cuentas y la transparencia del ejercicio legislativo, al ofrecer herramientas claras para que los ciudadanos conozcan y evalúen la labor de sus representantes.
