Desplazamientos forzados y riesgo de confinamiento aumentan por combates entre el ELN y disidencias de las Farc.

La crisis humanitaria en la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, persiste tras los recientes enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia Estado Mayor del Frente 33 de las Farc, que obligaron a cientos de familias a abandonar sus hogares durante la temporada navideña y continúan generando alarma entre comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Los combates, que se intensificaron desde las primeras horas de la mañana del 25 de diciembre, han provocado que decenas de familias busquen refugio en Cúcuta, Ocaña y otras zonas urbanas cercanas, tras verse obligadas a huir de sus veredas con lo poco que pudieron llevar. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) reportó que al menos 250 personas llegaron desplazadas recientemente, mientras que alrededor de 6.000 estarían en riesgo de desplazamiento o confinamiento si continúan los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. 

Demandas de autoridades y organizaciones humanitarias

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo, representada por su titular en la región, Iris Marín, hizo un llamado público para que los grupos armados cesen las hostilidades y permitan el acceso de personal médico y asistencia humanitaria en las zonas más afectadas, como el corregimiento de La Gabarra (Tibú), donde muchas familias han tenido que refugiarse en escuelas levantando banderas blancas como señal de necesidad de ayuda. 

Organizaciones como el Consejo Noruego para Refugiados han insistido en la necesidad de asistencia urgente en términos de alimentación, agua potable, atención de salud y protección de civiles, recordando que la ausencia de apoyo aumenta el riesgo de que más familias queden atrapadas y sin opciones de seguridad en medio del conflicto. 

Impacto prolongado y contexto de la violencia

La situación en el Catatumbo no es reciente. Desde principios de 2025, la región ha enfrent una grave crisis humanitaria derivada de la escalada de violencia entre grupos armados al margen de la ley, lo que ha dejado miles de desplazados y un importante número de personas afectadas en distintos municipios, como Tibú, El Tarra y Teorama, entre otros. Informes de organismos internacionales y del sector humanitario han señalado que decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares debido al conflicto, generando una de las crisis más profundas en el noreste colombiano. 

Líderes comunitarios y organizaciones defensoras de derechos humanos han coincidido en que la respuesta estatal ha sido insuficiente para atender las necesidades básicas, garantizar la protección civil y facilitar el retorno seguro de los desplazados. Reclaman la articulación de esfuerzos entre el Gobierno nacional, autoridades locales, organismos internacionales y la sociedad civil para implementar estrategias de asistencia, protección y desarrollo sostenido que permitan mitigar los efectos de la crisis y avanzar hacia soluciones duraderas.

La prolongada crisis humanitaria en el Catatumbo, impulsada por la violencia armada entre grupos ilegales, continúa afectando la vida de miles de campesinos y sus familias, cuyos derechos fundamentales quedan vulnerados sin una asistencia estatal adecuada. Con el aumento de desplazamientos forzados y el riesgo de confinamientos masivos, las demandas por una respuesta urgente del Estado se intensifican, mientras comunidades y organizaciones humanitarias buscan soluciones que protejan a la población civil y permitan un retorno seguro y digno a sus territorios.