La acusación en Nueva York sostiene que el presidente venezolano facilitó operaciones de tráfico de cocaína y usó documentos oficiales para beneficiar a carteles y grupos criminales.
Las autoridades de Estados Unidos revelaron ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York una serie de pruebas que forman parte de la acusación penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y varios de sus allegados, entre ellas la venta de pasaportes diplomáticos a conocidos narcotraficantes para facilitar sus movimientos y operaciones ilícitas, según el escrito judicial y documentos de la investigación.
De acuerdo con la acusación formal presentada por fiscales federales, el expediente sostiene que Maduro, durante su gestión como canciller y posteriormente como presidente, permitió la provisión de pasaportes diplomáticos a personas vinculadas al narcotráfico con el fin de que utilizaran inmunidad o facilidades de viaje para trasladar ganancias de cocaína desde México a Venezuela bajo cobertura diplomática, evitando así controles de las autoridades internacionales.
La acusación también plantea que esta práctica formó parte de un esquema de narcotráfico transnacional que, según los fiscales, involucró una red de organizaciones criminales —incluidos carteles mexicanos y grupos como el Tren de Aragua— con la supuesta cooperación de altos funcionarios del Gobierno venezolano. En ese marco, la venta y uso de pasaportes diplomáticos especiales aparece como uno de los métodos para facilitar los movimientos de dinero y recursos derivados de la actividad delictiva.
Además del uso de pasaportes, la Fiscalía estadounidense acusa a Maduro y a algunos de sus colaboradores cercanos —entre ellos su esposa, Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra, y altos exfuncionarios como Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín— de mantener una red en la que se combinan narcoterrorismo, tráfico de cocaína, protección de rutas de tráfico y corrupción.
Según los documentos del caso, Maduro y los demás acusados habrían utilizado su posición para otorgar inmunidad diplomática y apoyo logístico a agentes de redes de narcotráfico, facilitando operaciones que, según el Gobierno estadounidense, transportaron cientos de toneladas de cocaína a territorio de ese país.
Estas acusaciones forman la base de un juicio pendiente en los tribunales federales de Manhattan, donde Maduro se enfrenta a cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas, entre otros. La audiencia inicial —en la que Maduro se declaró no culpable— se realizó recientemente y la defensa ha planteado objeciones al reconocimiento de inmunidad por su condición de jefe de Estado, aunque Estados Unidos no reconoce su legitimidad como presidente.
El caso ha generado debate internacional sobre la legalidad de su captura en Venezuela, así como sobre su procesamiento en territorio estadounidense, e involucra también temas de soberanía, cooperación judicial y relaciones diplomáticas entre países de la región.
La presentación de pruebas sobre la venta de pasaportes diplomáticos a miembros del narcotráfico constituye uno de los elementos más contundentes en la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su entorno cercano. Estos documentos forman parte de un expediente que acusa al mandatario venezolano de facilitar, integrar y proteger redes de tráfico de drogas y corrupción desde posiciones de poder, y constituyen la base de un proceso judicial sin precedentes que sigue su curso en Nueva York.