Con la renovación de contratos y alzas de hasta un 34 % según la región, más de 645.000 vehículos a gas natural vehicular enfrentarán un fuerte impacto en el bolsillo desde diciembre.
El precio del gas vehicular (GNV) en Colombia comenzó a registrar importantes incrementos desde el 1 de diciembre de 2025, tras el vencimiento masivo de contratos que mantenían tarifas preferenciales. Según datos recientes, las alzas no serán uniformes: en algunas zonas, el incremento será moderado —como en Antioquia, donde se espera un alza de hasta un 5 %—, mientras que en otras regiones como Cundinamarca o Santander alcanzará hasta un 34 %.
Este ajuste tarifario afecta directamente a los más de 645.000 vehículos que operan con GNV en todo el país —taxis, transporte público, vehículos particulares y flotas de carga y mensajería. En regiones del Valle del Cauca, interior del país y en algunas ciudades del interior, los conductores ya reportan subidas significativas en las estaciones de servicio, lo que golpea costos de movilidad, transporte y logística.
El aumento se explica por varios factores: la expiración de contratos de suministro con tarifas estabilizadas; el incremento en el costo de la molécula de gas —y en algunos casos la necesidad de recurrir a importaciones—; así como al alza en los costos de transporte desde los puntos de suministro.
Aunque el gas natural seguía siendo una alternativa más económica y menos contaminante que la gasolina o el diésel —con beneficios en ahorro de costos y menores emisiones—, este nuevo ajuste cambia la ecuación de muchos usuarios, especialmente taxistas, transportadores y quienes dependen del uso intensivo del vehículo.
El alza en las tarifas del gas vehicular representa un revés para quienes apostaron al GNV como una opción más barata y sostenible. Este incremento podría replicarse en los costos del transporte público, servicios de mensajería, distribución y en la movilidad cotidiana de millones de colombianos. En este contexto, será clave que las autoridades y el sector evalúen alternativas para mitigar el impacto —subsidios, tarifas especiales o incentivos— si quieren evitar que el gas natural deje de ser una opción económicamente viable.
