El organismo de control busca evitar un riesgo fiscal mayor, ya que la controversia podría afectar la estabilidad financiera de la estatal petrolera por cobros superiores a 11 billones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación citó para el 19 de noviembre una reunión técnica de urgencia, con representantes de la DIAN y de Ecopetrol, para tratar la disputa tributaria por el IVA en las importaciones de combustibles.
Esta convocatoria responde a la preocupación del organismo de control, que advierte un riesgo significativo para la estabilidad financiera de Ecopetrol. Según la Procuraduría, la interpretación de la DIAN sobre la obligación de pagar IVA al 19 % sobre la gasolina y el ACPM importado podría llevar a embargos por más de 11 billones de pesos, además de un impacto estimado en 22 billones en la sostenibilidad económica de la empresa y en el patrimonio público.
Por su parte, la DIAN sostiene que sus cobros se ajustan a la ley: afirma que, de acuerdo con el concepto 100202208-2305 emitido en diciembre de 2024, esos combustibles importados deben liquidarse con IVA al 19 % sobre su valor aduanero.
Ecopetrol, por su parte, reconoce que ha empezado a realizar los pagos tal como exige la autoridad tributaria desde enero de 2025, pero subraya que no comparte la interpretación de la DIAN y ya ha presentado sus argumentos legales para controvertir la liquidación.
Contexto y consecuencias
- En mayo de 2025, la DIAN notificó a Ecopetrol y a su filial Reficar requerimientos por 9,4 billones de pesos por IVA aplicado sobre importaciones de gasolina y ACPM para los años 2022-2024, incluyendo intereses.
- Posteriormente, llegó un nuevo requerimiento por 1,2 billones más intereses, con base en correcciones aduaneras de la DIAN.
- Ecopetrol estima que para 2025 pagará unos 3,6 billones de pesos por este impuesto, pero espera recuperar una parte significativa a través de mecanismos legales como devolución y descuento de saldos a favor.
- El sindicato USO (Unión Sindical Obrera) ha expresado su alarma, argumentando que el cobro del IVA constituye una “reforma tributaria individual” que podría comprometer la operatividad, la inversión y el pago a trabajadores.
- Por su parte, la Procuraduría insiste en su rol preventivo: busca que las interpretaciones legales divergentes no deriven en consecuencias graves para la empresa estatal ni para el erario público.