El Ministerio Público advierte sobre posibles impactos en la estabilidad financiera y en la protección del ahorro de los trabajadores, mientras se abre un nuevo debate técnico y jurídico.
La Procuraduría General de la Nación anunció que profundizará su vigilancia preventiva sobre el proyecto de decreto del Gobierno Nacional que busca modificar el régimen de inversiones de los fondos privados de pensiones, en especial la intención de reducir o limitar las inversiones en el exterior y dirigir esos recursos hacia activos locales.
Este pronunciamiento del ente de control se da en medio de un fuerte debate generado por la propuesta, que incluso provocó la renuncia de altos funcionarios de la Unidad de Regulación Financiera (URF) por diferencias técnicas sobre el alcance de la iniciativa.
La Procuraduría convocó a una segunda mesa técnica preventiva, programada para el 20 de enero de 2026, en la que participarán entidades del Gobierno, autoridades de supervisión, expertos del mercado financiero y centros de estudio. El objetivo es examinar con mayor detalle el articulado propuesto y sus posibles efectos sobre el ahorro pensional de los colombianos.
Según el organismo, el análisis se centrará en factores como:
- Los riesgos de mercado y de reinversión que podría implicar obligar a los fondos a liquidar posiciones internacionales.
- Los posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios de pensiones.
- La capacidad del mercado local para absorber grandes flujos de inversión sin comprometer la estabilidad financiera.
- El impacto en la protección del ahorro pensional de millones de trabajadores.
La Procuraduría aclaró que su participación ocurre dentro de un espacio técnico y no vinculante, sin reemplazar las competencias de los organismos regulatorios, pero con el propósito de anticipar riesgos y advertir efectos adversos que puedan surgir de la iniciativa.
El Gobierno busca, mediante este proyecto de decreto, fomentar la inversión de recursos pensionales en el mercado local, con miras a fortalecer el mercado de capitales colombiano, ampliar la profundidad del sistema financiero y promover el financiamiento de largo plazo. En la práctica, esto implicaría limitar la proporción de activos que las administradoras de pensiones colocan fuera del país.
Expertos y gremios del sector han advertido que obligar a los fondos de pensiones a repatriar inversiones —como la propuesta contempla en algunos de sus enfoques— puede reducir la diversificación de portafolios, deteriorar rendimientos y afectar la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores a largo plazo. Estudios e instituciones como ANIF han señalado que un enfoque forzado de esta naturaleza podría incluso significar una caída significativa del ahorro acumulado si los recursos solo se invirtieran localmente.
Además, la polémica interna y técnica llevó a que el Gobierno pospusiera la expedición del decreto hasta el segundo trimestre de 2026, con ajustes al borrador para intentar mitigar preocupaciones sobre los impactos sistémicos.
Con la decisión de la Procuraduría de estudiar a fondo el proyecto de decreto sobre el régimen de inversiones pensionales, se evidencia la atención institucional sobre los posibles efectos de políticas públicas en el ahorro de largo plazo de los colombianos. La ruta de análisis técnico y las mesas interinstitucionales programadas buscan equilibrar los objetivos de política económica del Gobierno con la protección de los recursos de los afiliados y la estabilidad del sistema financiero, en un debate que continuará en 2026.