El presidente asegura que los recursos servirán para atender vencimientos de deuda y evitar incumplimientos, pero la operación sigue generando cuestionamientos.
El presidente Gustavo Petro defendió públicamente la operación de deuda por $23 billones en títulos TES anunciada por el Ministerio de Hacienda, en medio de un intenso debate sobre la falta de claridad en su adjudicación y los posibles efectos sobre las finanzas públicas.
La transacción —que consistió en la venta directa de títulos de deuda a un inversionista aún no identificado y sin pasar por un mecanismo de mercado abierto— ha sido objeto de críticas por parte de sectores políticos y analistas económicos debido a la opacidad en los detalles del acreedor, el costo financiero y las condiciones pactadas.
Defensa del Gobierno: refinanciar deuda existente
Ante las críticas, Petro aseguró que los $23 billones no representan un nuevo endeudamiento neto, sino que se utilizarán para cubrir vencimientos previos de deuda del Estado, evitando que el país incurra en incumplimiento de sus obligaciones. Según el mandatario, esta práctica de refinanciamiento es habitual y se realiza “desde hace siglos” para mantener la gestión de deuda pública en condiciones operativas.
El presidente también argumentó que parte de la responsabilidad de esta situación recae en la oposición, que según afirmó bloqueó una reforma tributaria que —en su visión— permitiría reducir las tasas de interés y mejorar las condiciones de financiamiento del país, lo cual habría aliviado las presiones sobre la deuda.
Críticas de economistas y políticos
La operación ha suscitado advertencias de figuras ajenas al Gobierno. Por ejemplo, economistas han señalado que la falta de transparencia sobre el acreedor y la tasa de interés pactada impide evaluar adecuadamente la conveniencia de la operación y se aparta de las mejores prácticas en la gestión de deuda pública.
Sectores de la oposición y algunos analistas han cuestionado también que el país haya colocado una cifra de esta magnitud fuera de los mecanismos habituales de subasta en mercado abierto, lo cual podría limitar la competencia entre potenciales compradores y encarecer el costo del financiamiento.
Debate fiscal y reputacional
Más allá de las posturas encontradas sobre la técnica financiera, la discusión pública se ha centrado en la transparencia y el efecto reputacional de este tipo de operaciones, en un contexto en el que la deuda y el perfil fiscal colombiano enfrentan presiones crecientes. La ausencia de divulgación completa de los términos del crédito y la identidad del inversionista han sido puntos reiterados de crítica en redes sociales y por parte de políticos de diversos sectores.
Economistas han advertido que la colocación de deuda sin información abierta puede tensar la confianza de los mercados y de inversionistas, lo que, a su vez, podría tener impacto en el costo del crédito y en las expectativas macroeconómicas.
El uso de los $23 billones adjudicados a través del controversial crédito TES sigue siendo objeto de debate en Colombia. Mientras el Gobierno insiste en que los recursos se destinan a cubrir obligaciones pendientes y evitar incumplimientos, críticos piden mayor claridad sobre los términos y riesgos de la transacción. La expectativa ahora está puesta en la publicación de detalles adicionales por parte del Ministerio de Hacienda, que podrían contribuir a disipar interrogantes sobre este importante movimiento financiero en medio de la actual coyuntura fiscal.
