La decisión del alto tribunal congela los decretos expedidos bajo el estado de excepción mientras se adelanta el estudio de constitucionalidad y define el alcance de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia determinó este jueves 29 de enero de 2026 suspender temporalmente el Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social para todo el país, informó el alto tribunal en un comunicado oficial. Esta medida cautelar implica que los efectos del decreto y los impuestos emitidos bajo su amparo quedan congelados mientras se estudia su constitucionalidad.
La emergencia económica fue proclamada en diciembre de 2025 tras la caída en el Congreso de un proyecto de reforma fiscal diseñado para cerrar un enorme déficit presupuestario para 2026. La declaración facultaba al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley sin pasar por el Legislativo, incluyendo nuevos tributos que habrían generado recursos por alrededor de 11 billones de pesos.
Con la suspensión, la Corte Constitucional impidió la aplicación de estas medidas extraordinarias, incluidas reformas tributarias como el aumento del IVA al 19 % en bebidas alcohólicas y juegos de azar y otros impuestos que buscaban incrementar el recaudo nacional. La decisión se tomó mediante una medida cautelar con votación mayoritaria dentro de la Sala Plena, en un procedimiento histórico en la jurisprudencia del alto tribunal.
Los juristas que han analizado el caso destacan que esta decisión es inaudita en la historia reciente del país, dado que la Corte no suele suspender provisionalmente decretos emanados directamente del Poder Ejecutivo. La suspensión busca prevenir daños irreparables al aparato económico colombiano ante la implementación de normas que —según críticos— podrían no cumplir con los requisitos constitucionales de urgencia e imprevisibilidad necesarios para declarar una emergencia.
Reacciones oficiales
El presidente Gustavo Petro rechazó el fallo y advirtió que la suspensión tendrá efectos económicos y sociales profundos, al considerar que la norma era necesaria para enfrentar las dificultades fiscales del país y evitar un agravamiento de la crisis presupuestaria. El mandatario afirmó en redes sociales que “vendrán las consecuencias” de frenar la emergencia, argumentando que la medida era vital para financiar el gasto público y la inversión.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su desacuerdo con la decisión judicial y aseguró que la suspensión protege a los sectores con mayor capacidad económica, en contra de lo que pretendía el paquete de medidas tributarias del Gobierno.
Qué sigue en el proceso legal
La medida cautelar entró en vigor de inmediato, lo que significa que el decreto de emergencia y sus efectos quedaron sin aplicación mientras la Corte Constitucional se prepara para estudiar el caso “de fondo”. El análisis completo podría tomar varios meses, durante los cuales el tribunal evaluará si el decreto cumple con los estándares constitucionales que justifican una emergencia económica.
La decisión mantiene al Gobierno con un desafío fiscal vigente, ya que el Ejecutivo debe enfrentar la brecha presupuestaria prevista para 2026 sin las facultades extraordinarias que otorgaba la emergencia. La suspensión también abre un debate político y económico sobre los mecanismos para aprobar reformas tributarias en Colombia y la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el poder judicial.