Documentos judiciales revisados en una investigación periodística señalan que una presunta filtración de información en la Fiscalía habría permitido al ELN identificar y asesinar a desertores señalados como informantes, en medio de procesos sobre planes criminales y extorsiones.
Una investigación periodística reveló que una posible fuga de información dentro de la Fiscalía General de la Nación estaría relacionada con los asesinatos de varios desertores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que fueron señalados como informantes de las autoridades.
Según expedientes y testimonios revisados en el proceso, datos reservados sobre colaboradores de la justicia habrían terminado en manos de la guerrilla, lo que permitió que el grupo armado identificara a quienes supuestamente cooperaban con las autoridades.
Dos asesinatos que encendieron las alarmas
Entre los casos investigados están los homicidios de Joaquín Vergara Mojica y Otto Daniel Aponte Vásquez, ambos vinculados en informes de inteligencia como exintegrantes del ELN que habrían colaborado con las autoridades.
Vergara fue asesinado en agosto de 2023 en San Vicente de Chucurí (Santander), mientras que Aponte murió un día antes en un ataque sicarial cuando se movilizaba en un bus intermunicipal. Las autoridades consideran que estos crímenes podrían estar conectados.
La guerrilla se atribuyó uno de los homicidios y lo calificó como un “ajusticiamiento por traición”, señalando que la víctima habría colaborado con organismos del Estado.
Un posible plan criminal y una filtración
Las investigaciones también están relacionadas con un supuesto plan para cometer un atentado de alto impacto contra figuras públicas en Colombia, por el cual se habrían movido cerca de 2.600 millones de pesos.
De acuerdo con testimonios recopilados por las autoridades, la difusión pública de información sobre ese plan habría provocado una “cacería interna” dentro del ELN para identificar a la persona que filtró los datos a las autoridades.
Un testigo afirmó que, durante ese proceso, la guerrilla terminó señalando a los desertores como responsables de la filtración, lo que habría derivado en los asesinatos.
Funcionarios bajo investigación
En los expedientes aparecen mencionados un investigador del CTI y una fiscal especializada contra el crimen organizado, quienes coincidieron en diferentes procesos relacionados con los informantes asesinados.
Ambos funcionarios están siendo analizados dentro de las indagaciones para establecer si hubo una filtración de información sensible que terminó en manos del ELN.
De confirmarse esta hipótesis, el caso podría evidenciar fallas graves en la protección de testigos e informantes, ya que la seguridad de estas personas depende de que su identidad permanezca reservada dentro de los procesos judiciales.
Las autoridades continúan revisando los expedientes y testimonios para determinar si existió una fuga de información dentro de la Fiscalía y qué responsabilidades podrían derivarse de estos hechos.