Un alto funcionario de la DNI aparece en archivos de alias Calarcá y registra una firma vinculada a varios contratos en Antioquia.
La controversia alrededor de Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), continúa escalando tras conocerse documentos y comunicaciones interceptadas a la disidencia de las FARC liderada por alias Calarcá. En dichos archivos, Mejía aparece mencionado en conversaciones que aluden a presuntas gestiones o contactos, aunque la entidad de inteligencia afirma que no tiene registro de actividades operativas suyas relacionadas con ese grupo armado.
La información ha generado inquietud debido a que, paralelamente a su función pública, Mejía figura como fundador y representante de la empresa Iscon Group SAS, creada en 2016. Esta firma ha celebrado contratos de asesoría administrativa, planeación y gestión con varios municipios de Antioquia, con valores que oscilan entre $7 millones y $78 millones, según registros públicos.
Una pieza clave para entender el alcance del caso es la línea temporal. Los chats y correos electrónicos incautados a la disidencia mencionan a Mejía antes de que ingresara a la DNI. De acuerdo con la entidad, su vinculación se produjo en mayo de 2024, aproximadamente tres meses después de las conversaciones detectadas en los archivos. Esta brecha temporal plantea interrogantes sobre el contexto de esas menciones: ¿se trataba de contacto directo, información de terceros o simples referencias dentro de la jerga de la estructura criminal?
La DNI emitió un pronunciamiento oficial en el que sostiene que no existe trazabilidad de misiones o acciones de inteligencia asignadas a Mejía respecto a las disidencias. Adicionalmente, asegura que se abrió una investigación interna para revisar cualquier posible incompatibilidad o conflicto de interés derivado de sus actividades privadas previas.
Expertos consultados por Noti360 coinciden en que este caso pone sobre la mesa tres dimensiones esenciales:
- La transparencia en la contratación pública:
Funcionar en cargos estratégicos de seguridad nacional después de mantener negocios personales con entidades territoriales puede elevar riesgos de influencias cruzadas o captura administrativa. - La protección institucional del organismo de inteligencia:
La DNI se encuentra en una etapa sensible de fortalecimiento. Cualquier señalamiento sobre presuntas conexiones —directas o indirectas— con grupos armados ilegales afecta la confianza ciudadana, la credibilidad política y la capacidad operativa. - La responsabilidad del Estado frente a infiltraciones o instrumentalización criminal:
Las organizaciones ilegales pueden utilizar nombres de funcionarios, incluso sin confirmar vínculos reales, para fortalecer su narrativa interna, proyectar poder o generar confusión. Por ello, resulta clave determinar cómo y por qué aparece el nombre de Mejía en los archivos de alias Calarcá.
Hasta ahora, no se ha probado relación criminal directa entre el funcionario y las disidencias. Sin embargo, el cruce entre su actividad empresarial, sus contratos con gobiernos locales y su rol actual en la inteligencia estatal exige un proceso riguroso de verificación documental, patrimonial y operativa.
Mientras avanza la investigación, el caso se convierte en una prueba crítica para los mecanismos de control ético, auditoría de contratación y comprobación de antecedentes que rodean los nombramientos en instituciones clave para la seguridad del país.