Documentos incautados revelan la propuesta de una empresa de seguridad entre altos mandos del Estado y el grupo armado del jefe disidente Calarcá, mientras Fiscalía mantiene el caso pendiente.

Una serie de documentos digitales incautados al jefe de las disidencias de la guerrilla Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), alias Calarcá, han sacado a la luz presuntos vínculos formales entre altos mandos del Estado y esta estructura armada. Según la investigación, los archivos —incluyendo correos, chats, cartas y fotografías— señalan una colaboración con funcionarios de la seguridad y la inteligencia nacional.

Entre los indicios más graves se encuentra la mención del general (r) Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. En uno de los documentos, fechado el 8 de febrero de 2024, se describe una propuesta para constituir una empresa de seguridad privada, en la que Huertas “consiguiera los permisos” y las disidencias pusieran los hombres y las armas.

La Fiscalía General de la Nación tiene los dispositivos digitales incautados desde el operativo del 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, donde fue capturado Alias Calarcá. No obstante, las fuentes indican que hasta ahora no se registran avances contundentes en la investigación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia institucional.

El Ministerio de Defensa ya anunció una investigación interna y ratificó que “la cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”. El escándalo reabre el debate sobre la rendición de cuentas, la transparencia institucional y los peligros de que actores estatales puedan facilitar las actividades de grupos armados ilegales.

Para los analistas, la relevancia de este caso no radica únicamente en las personas implicadas, sino en lo que significa para la política de paz en Colombia y para la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad nacional.