La creación de espacios legales donde integrantes del grupo armado podrán concentrarse hasta 2026 genera críticas de la oposición y mandatarios locales.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una polémica política y social tras la autorización de zonas de ubicación temporal para integrantes del Clan del Golfo, grupo armado ilegal con presencia significativa en regiones como Córdoba y Chocó. La medida, establecida en la Resolución 471 de 2025, permitirá que estas áreas sirvan como espacios de concentración dentro del proceso de diálogo sociojurídico con esa estructura criminal.
La resolución, firmada el 22 de diciembre de 2025, fija que las zonas de concentración —también conocidas como Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)— estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que incluye fechas clave del calendario político como las consultas de marzo, las elecciones legislativas en mayo y junio, e incluso la posesión del nuevo Congreso y del próximo presidente en julio y agosto.
De acuerdo con el decreto oficial, estas ZUT se ubicarán en zonas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como de Tierralta (Córdoba), y fueron diseñadas como parte de los compromisos alcanzados en el proceso de negociación que el Gobierno adelanta con el Clan del Golfo desde rondas previas en Catar y otros países garantes. En estos espacios se suspenderán órdenes de captura vigentes, incluidas aquellas con fines de extradición, mientras sus integrantes avanzan en la ubicación y posibles acuerdos de sometimiento a la justicia.
El Ejecutivo ha defendido la estrategia como un paso hacia la desnarcotización y la pacificación de territorios, asegurando que la medida busca facilitar la transición de combatientes a la vida civil y fortalecer los compromisos de paz negociados con este grupo.
El anuncio ha desatado críticas de sectores de oposición y líderes regionales, quienes advierten sobre los riesgos e implicaciones políticas de mantener estas zonas activas durante un año electoral. Políticos como Juan Manuel Galán han cuestionado que el Gobierno conceda “santuarios para narcotraficantes” mientras la seguridad ciudadana sigue siendo un desafío, e insisten en que esta clase de concesiones podría influir indirectamente en la transición política y la percepción pública en las urnas.
De igual forma, autoridades territoriales como el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, han expresado su preocupación por la forma en que se tomó la decisión sin consultar con mandatarios locales ni la sociedad civil, calificando la medida como un acto que pone en riesgo la seguridad y la gobernabilidad en sus regiones.
Debate sobre la paz total y el impacto político
La polémica también se inscribe en el contexto más amplio del plan de “paz total” impulsado por el Gobierno, cuyo alcance y resultados han sido objeto de discusión desde su inicio debido a la complejidad de negociar con estructuras como el Clan del Golfo, catalogadas como organizaciones criminales y designadas en listas internacionales de grupos terroristas.
La coincidencia de la vigencia de las zonas de ubicación con las fechas electorales de 2026 ha reforzado las críticas de quienes señalan que estas decisiones podrían tener implicaciones en la percepción ciudadana y en la dinámica de seguridad en regiones clave, sin dejar claro cómo se mitigarán los efectos potenciales de esta coincidencia.
La creación de Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo por parte del Gobierno de Gustavo Petro ha generado un debate intenso en el país. Mientras el Ejecutivo afirma que la medida forma parte de esfuerzos serios para avanzar en diálogos con grupos armados y reducir la violencia, sectores de oposición y líderes locales advierten sobre los riesgos de mantener esos espacios activos durante un año electoral, planteando interrogantes sobre seguridad, legitimidad política y efectos en el proceso democrático.