La guerrilla rechazó el ataque militar ordenado por el presidente Gustavo Petro, calificó la acción como una violación de acuerdos preliminares y ratificó su disposición a avanzar en una comisión para explorar la reanudación del proceso de paz.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un pronunciamiento oficial en el que respondió al presidente Gustavo Petro tras el bombardeo ordenado por el Gobierno contra una estructura del grupo armado en una zona fronteriza, y, al mismo tiempo, se refirió a la conformación de una comisión con el exembajador Víctor de Currea-Lugo para estudiar las posibilidades de retomar la mesa de diálogo de paz.

En el comunicado difundido por sus portavoces, el ELN calificó la acción militar de contraria a los compromisos que ambas partes habían expresado en meses recientes, especialmente tras la reunión entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se abordaron temas de cooperación en seguridad regional. La guerrilla acusó al Gobierno de “romper la confianza” con medidas que, según ellos, afectan el ambiente para un eventual diálogo.

El grupo insurgente hizo énfasis en que el operativo “no contribuye a generar condiciones propicias” para avanzar en la construcción de un mecanismo de paz, y señaló que esperaba un enfoque diferente a partir de la interlocución con Víctor de Currea-Lugo, designado por el Gobierno como representante para explorar la posibilidad de retomar conversaciones formales de paz que se interrumpieron años atrás.

Aunque el pronunciamiento del ELN fue crítico frente al bombardeo, también incluyó una reafirmación de su disposición a trabajar con la comisión planteada por el Ejecutivo para evaluar “condiciones, propuestas y garantías para un proceso de paz sostenible”. El comunicado describe la comisión como un espacio para explorar acuerdos mínimos que podrían allanar el camino hacia una negociación formal si se logra un ambiente de confianza entre las partes.

El pronunciamiento se conoce en medio de un contexto complejo en el que la administración de Petro ha intentado combinar esfuerzos de seguridad con iniciativas para reducir la violencia y explorar salidas negociadas con grupos armados, mientras enfrenta presiones internas por la respuesta oficial a hechos como el ataque militar mencionado.

Desde el Gobierno, fuentes oficiales han reiterado que cualquier proceso de paz debe ir acompañado de garantías claras de no repetición y desarme, así como de mecanismos verificables que protejan a civiles y rebajen los índices de violencia en zonas afectadas históricamente por el conflicto.

Analistas en seguridad y paz han señalado que, aunque los pronunciamientos públicos de las partes son importantes, el avance hacia una mesa de diálogo requerirá condiciones mutuamente aceptables que puedan ser validadas por observadores nacionales e internacionales, así como un compromiso político sostenido de cada actor para abordar puntos de fondo.

El pronunciamiento del ELN y la respuesta del Gobierno generan expectativas sobre los pasos siguientes, incluyendo el posible inicio de reuniones exploratorias entre la comisión impulsada por Petro y representantes del grupo armado, cuyo objetivo sería evaluar la viabilidad de retomar un diálogo de paz formal en Colombia.