Además del caso de Araña, el Ejecutivo aún debe decidir sobre varias órdenes de entrega internacional avaladas por la justicia colombiana, en medio de tensiones con la política de paz.
El Gobierno colombiano mantiene al menos 22 solicitudes de extradición hacia países como Estados Unidos con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, pero aún no ha firmado la mayoría de ellas, generando un debate en el ámbito judicial y político. Entre estas solicitudes figura la del cabecilla disidente Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, cuya extradición fue avalada por la Corte, pero suspendida por el Ejecutivo bajo condiciones relacionadas con el proceso de “Paz Total”.
📍 Estado actual de las extradiciones
De acuerdo con información oficial, hasta el 11 de diciembre de 2025 había 22 solicitudes de extradición con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia pendientes de firma por parte del presidente Gustavo Petro. De estas, 13 corresponden a pedidos formulados por Estados Unidos, principalmente por delitos relacionados con narcotráfico.
El caso más mediático es el de Araña, jefe de los Comandos de Frontera, cuya extradición fue aprobada legalmente por la Corte Suprema tras verificar que cumplía con los requisitos constitucionales y legales para la entrega a la justicia estadounidense. Sin embargo, el Gobierno decidió suspender temporalmente su entrega con el argumento de que debía aportar al diálogo con grupos armados ilegales en el marco de la política de paz.
Entre los otros casos pendientes figura la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., de la facción Comuneros del Sur, cuyo envío también fue congelado en medio de negociaciones de paz. Asimismo, en julio pasado el Gobierno suspendió de manera indefinida el trámite de Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc, pese a tener aval judicial para su entrega.
La decisión del Ejecutivo de condicionar o suspender extradiciones ha generado fricciones con socios internacionales, especialmente con Estados Unidos, que ha señalado su preocupación porque estas acciones puedan favorecer entornos de impunidad para delitos graves como el narcotráfico. Parte de la evaluación que realiza el Departamento de Estado de los países en la lucha contra drogas incluye precisamente la voluntad de extraditar a cabecillas de grupos criminales cuando hay requerimientos formales.
Aunque el Gobierno ha defendido su enfoque de priorizar los acercamientos de paz con algunos grupos armados, esta posición ha provocado cuestionamientos sobre criterios claros para decidir a quién extraditar y a quién no, y si estos criterios pueden afectar la cooperación judicial internacional.
El panorama actual sobre extradiciones en Colombia muestra un equilibrio delicado entre las decisiones políticas de paz y las obligaciones judiciales internacionales. Con más de 20 solicitudes aprobadas por la Corte Suprema aún sin firma presidencial, la administración enfrenta el desafío de conciliar sus estrategias internas con la cooperación judicial y la lucha contra delitos transnacionales, especialmente en el contexto de narcotráfico. La forma en que el Gobierno resuelva estos casos tendrá implicaciones importantes en la política de seguridad y en las relaciones de Colombia con sus aliados, en particular con Estados Unidos.