El nuevo ajuste llevaría el ingreso básico a cerca de $1,75 millones y genera inquietud por su impacto en empleo, costos y precios.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo del 23 % para 2026, que fijaría el ingreso básico en alrededor de $1.750.905 mensuales, uno de los ajustes más altos de la historia reciente, y ha reabierto el debate sobre los efectos macroeconómicos y sociales de esta medida.
La propuesta, que ya fue oficializada mediante decreto tras la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos, representa un incremento que supera ampliamente la inflación proyectada para el próximo año y coloca nuevamente sobre la mesa las discusiones sobre poder adquisitivo, costos laborales y competitividad en el país.
Detalles del alza y su composición
El ajuste del salario mínimo para 2026 se acordó con base en un porcentaje del 23 % respecto a 2025, elevando el salario básico a $1.750.905 mensuales. Adicionalmente, el Gobierno determinó un auxilio de transporte de aproximadamente $249.095, con lo cual la remuneración total para quienes ganan el mínimo llegaría a casi $2 millones al mes.
El salto en el salario mínimo es mucho mayor al registrado en años anteriores, como el 9,54 % incrementado para 2025, y tiene por objetivo mejorar el ingreso real de los trabajadores formales, ante la persistencia de altos precios de bienes y servicios básicos.
Debate sobre impacto económico
Aunque el Gobierno sostiene que el aumento busca reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, la magnitud del ajuste ha generado preocupaciones entre economistas y sectores productivos. Algunos analistas advierten que un incremento de esta escala, muy por encima de la inflación y de posibles alzas de productividad, podría presionar los costos empresariales, incentivar la informalidad laboral y generar tensiones sobre los precios al consumidor.
Expertos también señalan que el salario mínimo sirve como referencia para más de 70 bienes, servicios y tarifas en la economía, lo que implica que el aumento puede tener efectos amplificados fuera del mercado laboral formal, afectando variables como el costo de la vivienda, servicios regulados y algunos trámites.
La medida fue decretada en medio de un panorama en el que la negociación tripartita tradicional entre Gobierno, gremios empresariales y sindicatos no alcanzó un acuerdo, lo que llevó a que el Ejecutivo determinará el aumento por decreto.
La decisión ha generado reacciones mixtas en diferentes sectores:
- Defensores del aumento argumentan que mejorará el poder adquisitivo de los trabajadores formales y contribuirá a atenuar la pobreza laboral.
- Críticos y algunos economistas advierten sobre impactos adversos en costos fijos empresariales, empleo y presiones inflacionarias, e incluso consideran que podría influir en variables macroeconómicas como tasas de interés si estos efectos se materializan.
El debate se da en un contexto en el que la economía colombiana también enfrenta desafíos fiscales y monetarios, incluidos debates sobre inflación y política salarial en años recientes.
Con el anuncio del incremento del salario mínimo en 23 % para 2026, Colombia entra en una fase de discusión económica y social intensa, que va más allá del mero aumento de ingresos. La medida tendrá impacto directo sobre millones de trabajadores formales y también indirecto sobre amplios sectores de la economía, mientras el país se prepara para evaluar sus efectos en empleo, competitividad, costos y calidad de vida en el nuevo año.