La defensa busca que el caso sea tratado como homicidio preterintencional, alegando ausencia de intención de matar y solicitando a la Fiscalía un preacuerdo que reduzca la gravedad de los cargos.

Según el medio que reveló la propuesta, la defensa de Ricardo González —uno de los dos presuntos agresores de Moreno— presentará a la Fiscalía General de la Nación un pedido de preacuerdo bajo la figura de homicidio preterintencional, en lugar de homicidio doloso agravado.

La abogada defensora argumenta que en los hechos no hubo un “animus necandi” —es decir, no existió la intención consciente de matar—, sino una agresión con el fin de causar daño físico. Según esa versión, la muerte de Moreno sería una consecuencia inesperada del daño ocasionado, no un resultado buscado directamente.

La defensa sostiene además que no hubo planificación previa ni acuerdo criminal preexistente entre quienes agredieron al estudiante. A su juicio, la golpiza habría surgido en desarrollo de una discusión espontánea y no habría mediado una motivación agravada ni medios especialmente perversos para asegurar un fallecimiento.

La diferencia entre un homicidio doloso agravado y uno preterintencional no es menor: la primera figura implica intención clara de matar y conlleva penas mucho más severas; la segunda reconoce muerte como resultado involuntario de una agresión, lo que puede bajar considerablemente la condena.

No obstante, esta solicitud de la defensa llega en un contexto en que la investigación ya documenta una golpiza brutal: golpes múltiples al rostro y cabeza de Moreno, visibles en videos, que causaron trauma craneoencefálico fatal.

La propuesta de la defensa de Ricardo González abre una batalla jurídica clave: redefinir la naturaleza del delito en un crimen que ya conmociona al país. Si la Fiscalía acepta el preacuerdo, podría implicar una condena menor de la esperada. Pero la brutalidad de los hechos y las pruebas visuales —documentadas en video— refuerzan la acusación de homicidio doloso agravado. En este caso, la decisión de la Fiscalía no solo determinará la pena sino también enviará una señal de qué tan estricta será la justicia frente a violencia letal entre jóvenes.