Magistrados evalúan reunirse fuera del receso para analizar el posible decreto del Gobierno y su constitucionalidad.
La Corte Constitucional de Colombia no ha descartado la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria de su Sala Plena para estudiar el eventual decreto de emergencia económica que el Gobierno del presidente Gustavo Petro planea expedir, ante el vacío legislativo que quedó tras el archivo de la reforma tributaria y el riesgo de un desequilibrio fiscal para 2026.
La declaratoria de emergencia económica, que permitiría al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley —incluidos asuntos tributarios— sin trámite previo en el Congreso, ha generado un debate jurídico e institucional en medio de la vacancia judicial en la Corte. En ese contexto, fuentes judiciales confirmaron que el presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, ha evaluado citar de manera anticipada a los magistrados si el Gobierno oficializa el decreto, con el objetivo de preparar el análisis constitucional que corresponde a esta figura de excepción.
Contexto y polémica por la emergencia económica
La emergencia económica que estudia el Ejecutivo —argumentada como necesaria para llenar un hueco presupuestal de 16,3 billones de pesos para 2026 tras el rechazo de la reforma tributaria— ha generado reacciones de gremios, expertos y sectores empresariales que cuestionan si realmente se cumplen los requisitos constitucionales para su declaración.
El artículo 215 de la Constitución exige que un estado de excepción como la emergencia económica se deba a hechos extraordinarios e imprevisibles, lo cual es materia de discusión entre constitucionalistas debido al carácter previsible de la situación fiscal actual, según algunos críticos.
Si se expide formalmente el decreto, la Corte Constitucional está obligada a ejercer un control automático de constitucionalidad, aunque la revisión de fondo podría verse afectada por el receso judicial que actualmente vive la corporación, el cual culmina en enero de 2026.
Posibles pasos y debates internos
Para abordar la eventual sesión extraordinaria y el análisis del decreto, la Corte tendría que reactivar temporalmente su agenda y coordinar mecanismos operativos a pesar del periodo de vacancia, una situación que no ocurre con frecuencia y que implicaría talanqueras técnicas y administrativas propias de este tiempo de receso.
El debate interno también incluye cuestiones como la prioridad del expediente y la eventual solicitud de medidas cautelares para frenar el efecto de los decretos mientras se evalúa su constitucionalidad, un escenario que todavía no está definido.
La posibilidad de una sesión extraordinaria de la Corte Constitucional para estudiar la emergencia económica refleja la importancia y el impacto institucional del debate entre las facultades del Ejecutivo y los límites impuestos por la Constitución. A medida que el Gobierno avance en la formalización del decreto y lo remita para el control automático, la Corte tendrá que equilibrar el respeto por los tiempos judiciales con el mandato constitucional de evaluar los parámetros de una figura excepcional con efectos significativos para las finanzas públicas y la legalidad en Colombia.