El Congreso estudia un proyecto de ley que busca frenar el consumo entre jóvenes y menores de edad, imponiendo nuevos gravámenes y controles estrictos sobre su venta.
El consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos se ha convertido en una preocupante tendencia mundial, especialmente entre adolescentes y jóvenes. En Colombia, los casos de menores que llegan a urgencias con complicaciones pulmonares asociadas a su uso van en aumento, lo que ha encendido las alarmas en el sector salud y en el Congreso de la República.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos dispositivos se han posicionado como una puerta de entrada a la adicción a la nicotina, ya que son promocionados con estrategias dirigidas a públicos muy jóvenes, generando dependencia desde edades tempranas.
Ante este panorama, el representante a la Cámara Wadith Manzur, del Partido Conservador, presentó un proyecto de ley que propone dos nuevos impuestos a estos productos, con el objetivo de desincentivar su consumo y generar recursos para el fortalecimiento de la salud pública. Según el legislador, las proyecciones indican que en su primer año la medida podría recaudar alrededor de 390 mil millones de pesos, fondos que serían destinados a programas de prevención y atención en salud.
La propuesta establece que, de ser aprobada, los compradores de vapeadores deberán asumir tres impuestos: el IVA vigente y los dos gravámenes adicionales contemplados en el proyecto. “Queremos alejar de los jóvenes un producto nocivo para la salud. Las rentas generadas se invertirán en el bienestar de los territorios”, sostuvo Manzur.
El congresista enfatizó que esta iniciativa no solo busca elevar el costo de estos dispositivos, sino también regular su venta, evitando el acceso indiscriminado por parte de menores de edad. “Con esta ley enviamos un mensaje claro: estamos legislando para proteger la salud de los colombianos”, añadió.
El proyecto llega en un momento de amplio consenso político, pues varias bancadas han manifestado su respaldo a medidas más estrictas contra la comercialización de estos dispositivos. Esto podría acelerar su trámite tanto en la Cámara como en el Senado, permitiendo que la ley entre en vigencia a corto plazo.
Mientras tanto, desde el sector médico y las organizaciones de salud se insiste en que, más allá de la regulación y los impuestos, es urgente educar a la población joven sobre los riesgos reales que implica el uso de vapeadores, desmontando la falsa percepción de que se trata de una alternativa “segura” frente al cigarrillo tradicional.