En medio de la contingencia por el desbordamiento de ríos e inundaciones en el departamento, líderes de comunidades rurales de Puerto Libertador radicaron una carta de respaldo al proyecto de cobre El Alacrán, al señalar que estas situaciones evidencian la importancia de contar con empresas que trabajen de manera articulada con las autoridades para atender las necesidades del territorio y fortalecer los procesos locales.
La comunicación, presentada el 10 de febrero de 2026 y suscrita por representantes de Juntas de Acción Comunal (JAC) de comunidades ubicadas en el área de influencia y zonas vecinas al proyecto, solicitan al Gobierno Nacional permitir su avance y que se otorgue la licencia ambiental.
De acuerdo con el documento, para los habitantes del sur de Córdoba el proyecto minero representa una alternativa para superar limitaciones estructurales históricas y reducir la informalidad laboral, al promover empleo formal, inversión y desarrollo planificado en la región.
Los firmantes señalan que la articulación entre comunidades, sector privado y Estado ha sido un factor determinante para mejorar la convivencia, el relacionamiento con el entorno y las oportunidades económicas en el territorio, y consideran que el proyecto puede contribuir a consolidar estos avances.
Asimismo, expresan su disposición a participar en espacios de diálogo y seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de estándares técnicos, ambientales y sociales durante el desarrollo de la iniciativa.
El proyecto El Alacrán se proyecta como una fuente de inversión para Córdoba y como un aporte a la transformación energética del país a partir de la producción de cobre. Tras varios años de estudios técnicos y sociales, el proyecto se encuentra en una etapa decisiva, a la espera de obtener la licencia ambiental para avanzar a la siguiente fase.
En su carta, los líderes comunitarios reiteran que ven en el proyecto una oportunidad de desarrollo formal, generación de empleo y fortalecimiento social para el sur de Córdoba, y subrayan su interés en que las decisiones sobre su futuro tengan en cuenta la voz de las comunidades del territorio.