Desde un consejo de ministros en Montería, el presidente Gustavo Petro defendió la necesidad de reactivar el decreto de emergencia económica ante las graves inundaciones, responsabilizó a dirigentes locales por uso político de ayudas y pidió al alto tribunal reconsiderar su fallo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, profundizó este martes sus críticas hacia la Corte Constitucional por la suspensión provisional de la emergencia económica que había sido declarada por su Gobierno, y vinculó este llamado a la actual crisis climática en el departamento de Córdoba, una de las regiones más afectadas por inundaciones recientes.

Durante un consejo de ministros realizado en Montería (Córdoba), Petro reiteró su solicitud formal a los magistrados para que levanten la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025, argumentando que los “hechos graves y sobrevenientes” registrados —incluidas lluvias sin precedentes, daños generalizados y miles de damnificados— han cambiado sustancialmente la realidad que motivó inicialmente la declaratoria de emergencia.

El jefe de Estado sostuvo que, sin la reactivación del decreto, el Gobierno carece de las herramientas financieras necesarias para responder con eficacia al desastre y atender a las más de 19.000 familias damnificadas solo en Córdoba, cifra que ha crecido durante las últimas horas.

Además de criticar la postura de la Corte, Petro dirigió cuestionamientos hacia mandatarios locales, a quienes acusó de hacer política electoral con la ayuda estatal, aprovechando la asistencia para promover aspiraciones políticas en medio de la crisis. “Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos que están en campaña… eso se llama sinvergüenzura electoral”, afirmó.

El presidente también responsabilizó a algunos actores políticos por obstaculizar mecanismos que podrían garantizar recursos adicionales, aludiendo al hundimiento de la ley de financiamiento y a limitaciones presupuestales en medio de la época electoral, lo que dificulta la movilización de fondos para la atención de la emergencia.

Petro instó a que los recursos lleguen de manera directa a la población afectada, sin intermediaciones políticas ni violaciones a la Ley de Garantías, y destacó que la magnitud de las lluvias —descritas como excepcionales y sin precedentes en la región Caribe— exige acciones urgentes por parte del Estado.

La controversia por la emergencia económica suspendida se ha convertido en un nuevo foco de disputa entre el Ejecutivo y el poder judicial, en un contexto en el que la amplia afectación por el frente frío ha dejado enseñanzas y demandas sociales en varias regiones del país, incluyendo Sucre y otros departamentos vecinos.

Aunque el Gobierno ha acatado la medida de suspensión, Petro sostiene que la reactivación del decreto es indispensable para ampliar la capacidad de respuesta estatal, y que los recientes eventos climáticos conforman un argumento sólido para que la Corte Constitucional reconsidere su postura sin dilaciones.