El departamento de Córdoba se perfila como un actor determinante en la transición energética global gracias al proyecto minero El Alacrán, ubicado en el municipio de Puerto Libertador.
Esta iniciativa ha sido catalogada como Proyecto de Interés Nacional (PIN) por la Agencia Nacional de Minería debido a su potencial para convertirse en la mina de cobre más significativa de Colombia. Sarah Armstrong-Montoya, CEO y Presidente de Cordoba Minerals Corp, destaca que el yacimiento cuenta con reservas estimadas en 97 millones de toneladas y una proyección de vida útil de 14,2 años, lo que permitiría una producción diaria de 20.000 toneladas de material.
La magnitud de este proyecto es notable al compararlo con la realidad actual del sector en el país. Mientras que la única mina de cobre operativa hoy en Colombia (El Roble), situada en Chocó, procesa cerca de 1.000 toneladas diarias, El Alacrán proyecta una escala significativamente mayor, con una extracción acumulada de aproximadamente 797 millones de libras de cobre. Además del mineral principal, el depósito contiene oro y plata, respaldado por una ley promedio de 0,42 % de cobre y extensos estudios geológicos que brindan certeza sobre la calidad del recurso.
Más allá de las cifras técnicas, el impacto socioeconómico en una región marcada por la informalidad laboral es un eje central. El proyecto prevé la generación de 1.700 empleos para la etapa de construcción y montaje. En materia de formación, se han capacitado a más de 800 personas mediante alianzas con el SENA, destacando una participación femenina del 94 % en cursos de minería a cielo abierto. Asimismo, la empresa ha implementado un programa de formalización minera que ya beneficia a 120 personas que anteriormente dependían de la minería informal, brindándoles acompañamiento técnico y jurídico.
La inversión social también ha sido prioritaria, con más de $4.700 millones destinados a infraestructura de salud, educación, vías rurales y centros comunitarios. Estas acciones se complementan con programas de diversificación económica local junto a sectores como el cacaotero. En el ámbito fiscal, se estima que el proyecto aportará cerca de 190 millones de dólares en regalías y más de 500 millones de dólares en impuesto de renta, recursos destinados a fortalecer la inversión pública tanto en el municipio como a nivel nacional.
En cuanto a la gestión ambiental, la Compañía se encargará de restaurar cerca de 1.280 hectáreas, frente a unas 733 hectáreas de intervención directa, lo que significa que el proyecto dejará más áreas restauradas que áreas intervenidas.
Adicionalmente, se proyecta un programa de reforestación superior a un millón de árboles nativos en zonas intervenidas y alrededor de 770.000 árboles en áreas perimetrales, orientado a la recuperación de coberturas vegetales y a la conectividad ecológica.
Pero hay un elemento adicional clave: además de compensar sus propias intervenciones, la Compañía asumirá la restauración de aproximadamente 220 hectáreas de pasivos ambientales históricos, asociados a antiguas actividades mineras. Esto representa una ganancia ambiental para el territorio, porque implica recuperar áreas degradadas que no fueron generadas por este proyecto y mejorar la calidad del suelo. Todo esto se ha diseñado con base en estudios hidrogeológicos, geotécnicos y ambientales desarrollados bajo altos estándares técnicos.