El presidente de Colombia explicó que el operativo militar fue autorizado después del encuentro con su homólogo estadounidense y que el objetivo fue una estructura del ELN vinculada a actividades criminales transfronterizas.
El presidente Gustavo Petro dio este jueves información adicional sobre el operativo militar en el que se atacó a un grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un hecho que fue realizado luego de su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario afirmó que la acción buscó debilitar estructuras criminales que afectan la seguridad en la frontera colombo-venezolana.
Durante una intervención pública, Petro señaló que el operativo se enfocó en una estructura del ELN que estaba involucrada en actividades delictivas como tráfico de armas y drogas, extorsiones y ataques a la fuerza pública. Según el presidente, había información de inteligencia que permitió identificar un campamento de esa organización en una zona fronteriza.
El presidente también explicó que el ataque fue autorizado por él mismo como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, y que se decidió realizarlo después de evaluar la información recabada por los organismos de seguridad y tras su encuentro con Trump en Washington, en el que se abordaron temas de cooperación en materia de seguridad y lucha contra grupos armados ilegales.
Aunque Petro no entregó detalles operativos como el lugar exacto ni resultados específicos del bombardeo, enfatizó que la acción responde a la estrategia del Gobierno para enfrentar a grupos armados que operan en zonas fronterizas y que representan un riesgo para la población civil y las fuerzas de seguridad.
Este anuncio se da en medio de un contexto regional complejo, con persistencia de actividades delictivas en sectores limítrofes entre Colombia y Venezuela, donde el ELN ha sido señalado históricamente por participación en delitos como secuestro, minería ilegal y narcotráfico, factores que han tensado las relaciones en la frontera.
El Gobierno ha defendido el uso de todo el espectro de herramientas legales y de seguridad disponibles para proteger a la ciudadanía y garantizar el orden público, al tiempo que mantiene diálogos con otros países del hemisferio para reforzar la cooperación en temas de seguridad regional.
Sectores de oposición y organizaciones sociales han pedido transparencia sobre las acciones militares y han solicitado que se informe con claridad sobre los resultados y las medidas de protección de civiles, en línea con los estándares nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza.
La discusión en torno a este operativo se suma a otros debates recientes sobre la política de seguridad del Gobierno y la colaboración internacional en la lucha contra grupos armados ilegales, un tema que continúa siendo protagonista en la agenda pública y política de Colombia.