Funcionarios denuncian que al menos 30 personas fueron desvinculadas en plena transición de dirección, justo antes de que entre en vigor la restricción electoral.

Una oleada de despidos en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ha generado controversia en Colombia a pocos días de que entre en vigencia la Ley de Garantías, norma que restringe la contratación y remociones en el sector público en periodos preelectorales.

Este lunes 26 de enero, con la llegada de la nueva directora Nhora Yhanet Mondragón, al menos 30 funcionarios fueron declarados insubsistentes y desvinculados de sus cargos, según reportes periodísticos y testimonios de exservidores públicos. Entre los afectados se encuentran la jefa de prensa del Dapre, Carolina Calderón, y la jefa de Recursos Humanos, Luz Dary Cruz, esta última con más de 25 años de servicio y próxima a pensionarse.

Calderón calificó las salidas como una “masacre laboral” y aseguró que, pese a una directiva presidencial para evitar despidos durante lo que resta del Gobierno, recibieron notificaciones de despido horas antes de la entrada en vigor de la restricción establecida por la Ley de Garantías, que operará desde el 31 de enero de 2026 para proteger la transparencia en la gestión pública durante la etapa electoral.

Además de periodistas y personal administrativo, entre los despedidos también figuran madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, camareros y conductores, lo que profundiza la preocupación social y sindical por el manejo de los recursos humanos en la Casa de Nariño.

La propia Presidencia del Dapre ha respondido a las cifras iniciales señalando que no serían 30 personas, sino alrededor de 12 las desvinculadas y que estos cargos eran de libre nombramiento y remoción, sin estar vinculados a la carrera administrativa.

Aunque los despidos se realizan en el marco de un cambio de dirección y con la llegada de la nueva titular, el momento de las decisiones —tan cerca de la entrada en vigor de la Ley de Garantías— ha encendido la alarma en sectores políticos y de trabajadores, que advierten sobre posibles irregularidades en procesos administrativos y riesgos para la estabilidad laboral de empleados públicos con años de experiencia.

La controversia por los cambios de personal en el Dapre llega en un momento crucial para la administración pública colombiana y el inicio de la temporada electoral, cuando el cumplimiento de la Ley de Garantías se vuelve especialmente relevante para garantizar la transparencia y equidad en la función estatal. La manera en que se esclarezcan estos despidos y sus motivaciones influirá en la percepción pública sobre el manejo institucional en la recta final del Gobierno y en la protección de derechos laborales dentro de la administración.