El alto tribunal decidió continuar con el trámite pese a que el demandante intentó retirarse por amenazas y hostigamientos, en medio del debate sobre la legalidad del aumento decretado en diciembre de 2025.

La demanda presentada ante el Consejo de Estado contra el decreto que fijó un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026 sigue su curso, pese a que el demandante intentó desistir del proceso alegando amenazas contra su vida y la de su familia tras la exposición mediática del caso.

El proceso judicial, que busca la nulidad del artículo 1° del Decreto 1469 de 29 de diciembre de 2025 —que fijó el salario mínimo en **2 millones de pesos con el auxilio de transporte— fue admitido por el Consejo de Estado a principios de enero. En este contexto, la Sala Segunda del alto tribunal corrió traslado de la solicitud de suspensión temporal del decreto a la Presidencia y a los ministerios de Hacienda y Trabajo para que presentaran sus argumentos antes de decidir si se frena la aplicación mientras se decide de fondo.

Aunque ya se pagó la primera quincena con el nuevo salario, el demandante radicó un escrito de desistimiento el 15 de enero, señalando que la exposición mediática del proceso lo había expuesto a mensajes de odio y amenazas directas contra su integridad y la de sus familiares, lo que, dijo, hacía imposible continuar con la acción. Aclaró que esto no implicaba retractarse de los argumentos sobre la falta de criterios técnicos serios en la fijación del salario.

No obstante, el Consejo de Estado negó el retiro del proceso, argumentando que la solicitud de desistimiento no se originó en una manifestación libre y espontánea, sino en lo que parece ser coacción derivada de las amenazas recibidas. Por ello, la Sala decidió continuar con el trámite de la demanda.

La decisión del tribunal incluyó medidas para proteger la identidad del demandante, como la orden de anonimizar sus datos personales y profesionales en el expediente, con el fin de reducir riesgos a su seguridad.

Además de esta demanda, otra acción similar también fue admitida por el Consejo de Estado, lo que podría llevar a una eventual unificación de procesos si ambos casos tienen argumentos jurídicos compatibles para analizar la legalidad y efectos del decreto.

Mientras el Consejo de Estado avanza en el examen jurídico de las demandas contra el decreto del salario mínimo 2026, el caso sigue siendo observado de cerca por sectores empresariales, gremiales y jurídicos debido a su posible impacto en la política salarial, la economía y el balance entre las decisiones ejecutivas y los procedimientos técnicos y legales requeridos en materia laboral en Colombia.