La decisión de abandonar el uso del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la UNODC ha generado tensiones con organismos internacionales debido a la pérdida de datos comparables y confiables para la lucha antidrogas.

El gobierno del presidente Gustavo Petro despertó críticas y preocupaciones internacionales tras anunciar que **Colombia dejará de utilizar las cifras de producción potencial de cocaína elaboradas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), incluidos en el Simci, el sistema que durante más de dos décadas ha medido los cultivos de coca y su producción potencial en el país.

La controversia se inició cuando el gobierno cuestionó públicamente la metodología y los resultados, especialmente una cifra de 2.664 toneladas de producción potencial de cocaína calculada para 2023, que mostraba un aumento significativo de ese indicador frente al año anterior. Aunque el informe fue validado por la ONU y defendido por técnicos, el Ejecutivo colombiano consideró que el método estadístico utilizado no reflejaba adecuadamente la realidad, por lo que decidió dejar de usarlo.

El director del Simci y los expertos de la UNODC tradicionalmente han elaborado estos datos mediante combinaciones de imágenes satelitales, trabajo de campo y modelos de extrapolación para estimar tanto la extensión de los cultivos como la potencial producción de cocaína derivada de ellos. Estos indicadores sirven de referencia internacional para diseñar políticas públicas, coordinar cooperación técnica y realizar operativos transfronterizos contra el narcotráfico.

La decisión de apartarse de estos registros oficiales genera inquietud entre analistas y antiguos funcionarios antidrogas, quienes advierten que romper con el respaldo internacional del Simci podría debilitar la credibilidad de los datos utilizados por Colombia y obstaculizar la cooperación con países y agencias que confían en estas cifras para planificar acciones conjuntas contra el crimen organizado.

Expertos han señalado que el acceso a estadísticas comparables y metodológicamente verificadas es fundamental para entender tendencias en la producción y comercio de cocaína, así como para medir el impacto de estrategias de intervención y sustitución de cultivos. Sin estos datos, se podrían perder insumos técnicos clave para políticas antidrogas y para la coordinación con actores internacionales como Estados Unidos y otros socios en materia de seguridad.

La postura del Gobierno se da en un momento de tensión diplomática sobre la lucha contra las drogas, con Colombia buscando utilizar sistemas de monitoreo propios, como los desarrollados por la Policía Nacional y el Estado colombiano, que según el Ejecutivo muestran cifras distintas que describen la evolución de cultivos en el país.

Al prescindir de la metodología y cifras del Simci de la ONU, Colombia enfrenta ahora el desafío de demostrar que sus sistemas alternativos ofrecen una base igualmente sólida y confiable para la política antidrogas. La forma en que esto afecte la cooperación internacional, los mecanismos de intercambio de información y la percepción de los datos técnicos será un tema de seguimiento entre gobiernos, organismos multilaterales y analistas de seguridad en el mediano plazo.