Empresas del sector advierten que la contribución del 2,5 % sobre utilidades y otros tributos incluidos en el Decreto 044 de 2026 podrían afectar la participación en subastas de energía y desincentivar proyectos de generación necesarios para garantizar suministro futuro.
La aprobación de tributos temporales para las empresas generadoras de energía eléctrica en Colombia ha generado preocupación en el sector, especialmente en lo relacionado con el mecanismo de subastas de confiabilidad, que es clave para asegurar la inversión y el suministro de energía en el mediano y largo plazo.
El Decreto 044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, incluyó una contribución parafiscal transitoria del 2,5 % calculada sobre la utilidad antes de impuestos de las generadoras, que debe pagarse en dos cuotas en febrero y mayo de este año. Además, se estableció una contraprestación en especie equivalente al 12 % de la energía vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista, lo que en la práctica implica mayores cargas financieras para estas empresas.
Representantes del sector han señalado que estas medidas, que buscan fortalecer un Fondo Empresarial para atender situaciones como la complicada situación financiera de la intervenida empresa Air-e, pueden tener efectos negativos sobre la inversión en generación eléctrica e incluso sobre la participación en las principales subastas de confiabilidad del sistema.
La subasta de confiabilidad —mediante la cual se asignan Obligaciones de Energía Firme (OEF) a plantas de generación para garantizar suministro futuro y estabilidad del sistema— ha sido considerada uno de los mecanismos que aseguran recursos e incentivos para que nuevas infraestructuras entren en operación y contribuyan al sistema eléctrico nacional.
Sin embargo, gremios como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) y la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) han advertido que los nuevos tributos “desincentivan la inversión”, deterioran la confianza inversionista y pueden reducir la participación en subastas futuras, lo que a su vez pone en riesgo la entrada de nueva capacidad de generación al mercado.
Estos gremios recuerdan que la inversión acumulada en generación eléctrica en las últimas décadas ha sido significativa, pero que el país requiere entre 10 y 13 billones de pesos anuales para continuar garantizando un suministro confiable ante el crecimiento de la demanda eléctrica. El impacto de cargas tributarias adicionales podría complicar el panorama para proyectos nuevos o en expansión.
Adicionalmente, el Gobierno ha justificado la implementación de estos recursos fiscales como un respaldo para empresas intervenidas y para evitar riesgos sistémicos en el suministro —premisa que ha sido objeto de debate entre sectores públicos y privados— dado que algunas generadoras tienen acreencias con empresas intervenidas, lo que complica su situación financiera y operativa.
El debate sobre la sostenibilidad del mercado eléctrico colombiano se intensifica a medida que avanza 2026. La capacidad del país para garantizar suministro, atraer inversión y asegurar la participación en subastas de confiabilidad dependerá no solo de las condiciones técnicas y regulatorias del sector eléctrico, sino también del equilibrio entre cargas fiscales, incentivos a la generación y confianza de los inversionistas.