La estrategia de fumigación terrestre con drones programada por el Gobierno ha abierto un intenso debate sobre su eficacia, costos y posibles impactos ambientales y sociales, con voces a favor y en contra dentro del país.
El Gobierno nacional de Colombia anunció recientemente la implementación de fumigación con glifosato mediante drones a baja altura como parte de su Plan de Erradicación de Cultivos Ilícitos, generando controversia política y técnica en distintos sectores del país.
Según la nueva estrategia, los drones operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre las plantas de coca para aplicar el herbicida con precisión, acompañado de un control permanente por parte de la Policía Nacional con el objetivo de reducir los efectos colaterales en cultivos lícitos o áreas cercanas.
El plan ya fue autorizado en zonas específicas del departamento del Cauca, donde se espera iniciar la intervención focalizada en territorios con presencia de economías ilegales. Esta modalidad fue habilitada tras la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el aval de un comité técnico interinstitucional, que sostiene que la medida cumplirá con exigencias ambientales y de seguridad.
No obstante, la iniciativa ha provocado un debate encendido en el Congreso, donde algunos congresistas califican el regreso del uso del glifosato con drones como un “fracaso por donde se lo mire”, cuestionando la viabilidad, altos costos operativos y poca coherencia de retomar esta herramienta para combatir los cultivos ilícitos.
Quienes respaldan la estrategia señalan que la aspersión terrestre de precisión —diferente de las fumigaciones aéreas suspendidas hace años por limitaciones legales y ambientales— puede reducir la dispersión del químico fuera de los objetivos y mejorar la focalización en cultivos identificados.
Críticos del plan, incluidos representantes de regiones como Nariño, han manifestado su rechazo, destacando que en sus territorios se han logrado avances en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y advierten que la fumigación podría afectar esos procesos o no contar con el respaldo financiero suficiente para un enfoque integral.
La discusión también invoca cuestiones históricas y científicas: el uso del herbicida glifosato fue antes suspendido en Colombia, en buena parte por la Clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como “probablemente cancerígeno” y por recomendaciones de organismos de salud pública, lo que influyó en decisiones judiciales y de política pública.
La polémica por el regreso de la fumigación con glifosato usando drones pone en tensión enfoques distintos sobre cómo enfrentar los cultivos ilícitos en Colombia: desde una perspectiva técnica y de seguridad hasta preocupaciones ambientales, de salud pública y de derechos rurales. A medida que avance su implementación en territorios piloto, el país seguirá evaluando los resultados y las implicaciones de esta estrategia en el marco de sus políticas de lucha contra el narcotráfico y desarrollo rural.