La salida de Adith Rafael Romero Polanco se formalizó mediante decreto del DPS, en medio de cuestionamientos por su perfil profesional y denuncias sobre contrataciones polémicas en la entidad.
El Gobierno nacional declaró insubsistente a Adith Rafael Romero Polanco como director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así lo establece el Decreto 055 del 22 de enero de 2026 expedido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Romero, quien llevaba siete meses en el cargo, asumió en mayo de 2025 en medio de fuertes críticas sobre su experiencia profesional —la mayor parte de su trayectoria se desarrolló fuera del ámbito de las políticas de paz y reparación— lo que generó dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad crucial en la atención de más de nueve millones de víctimas del conflicto armado colombiano.
A partir de la vigencia del decreto, las funciones de director serán ejercidas por encargo por Breiner Rafael Osorio Pinto, asesor del despacho del director del DPS, mientras se define un reemplazo permanente.
La decisión ocurre en un contexto de cuestionamientos públicos y reportes periodísticos sobre la gestión de la Unidad de Víctimas, incluyendo señalamientos sobre adjudicaciones de contratos sin experiencia acreditada para prestar servicios jurídicos y presuntas irregularidades vinculadas a figuras políticas cercanas al Gobierno.
Estos señalamientos habían motivado investigaciones y debates sobre la eficacia administrativa y la transparencia en la ejecución de una entidad clave para las políticas de reparación integral, asistencia y atención a víctimas del conflicto armado en Colombia.
La salida de Romero marca el fin de un breve periodo al frente de la Unidad para las Víctimas en una etapa en la que la entidad enfrenta presiones por mejorar la gestión y la percepción pública sobre su trabajo. Con la dirección temporal en manos de un encargado y las denuncias aún vigentes, la atención institucional sobre la reparación de víctimas y la gestión administrativa continuará siendo un tema de seguimiento entre sectores sociales y políticos en 2026.