La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla dictó la histórica sentencia tras comprobar homicidios, desplazamientos y violencia estructural entre 2002 y 2006, reconociendo reparación colectiva a las comunidades afectadas.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó este lunes al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez a 40 años de prisión por su responsabilidad en 117 hechos delictivos contra la comunidad indígena Wayúu y otras poblaciones del departamento de La Guajira, entre 2002 y 2006.
La decisión de justicia transicional, adoptada en el marco de la Ley de Justicia y Paz, responde a una serie de graves delitos cometidos por estructuras armadas bajo el mando de Mancuso, entonces cabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y violencia basada en género.
La Fiscalía General de la Nación detalló que parte de los hechos atribuidos al exparamilitar ocurrió durante la incursión armada a la ranchería Manaki, en Uribia (La Guajira), el 10 de octubre de 2003, en la que varios indígenas Wayúu fueron golpeados y maltratados durante horas, además de sufrir el hurto y destrucción de bienes culturales como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas.
También se acreditó la participación de Mancuso en el asesinato de líderes indígenas en la ranchería Kepischon, en marzo de 2002, y otros hechos de violencia sistemática que formaron parte de la política de expansión armada en la región, según la investigación judicial.
Como parte de la sentencia, además de la pena de prisión, se impuso una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de 40 años. El fallo también incluyó el reconocimiento de las comunidades indígenas Wayúu de zonas como Carraipia, Majayura, Malaki y Matitas como sujetos de reparación colectiva.
No obstante, la sentencia contempla una alternativa de pena reducida a ocho años de cárcel, conforme a los parámetros de la Ley 975 de 2005, si Mancuso cumple con determinados compromisos de verdad, reparación y no repetición establecidos en la misma legislación.
Esta condena se produce años después de que Mancuso, una figura emblemática del paramilitarismo colombiano, fuera extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una sentencia de 15 años por delitos relacionados con narcotráfico y posteriormente fue deportado a Colombia en 2025.
La decisión judicial en Barranquilla marca un hito en los procesos de justicia transicional en Colombia al responsabilizar penalmente a uno de los líderes paramilitares más notorios por crímenes cometidos contra comunidades indígenas. Al reconocer la reparación colectiva de las víctimas Wayúu y establecer penas severas, el fallo busca enviar un mensaje de rendición de cuentas y reparación integral, aunque su ejecución efectiva —incluido el cumplimiento de la sentencia en prisión— será un capítulo clave en el avance de la justicia en el país.