Los informes del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran que una empresa con poca actividad económica y un negocio en liquidación aportaron gran parte de los recursos utilizados en las campañas de Cepeda y Corcho para la consulta interna de la coalición.
La publicación de los informes financieros de la consulta interna del Pacto Histórico, celebrada el pasado 26 de octubre de 2025, reveló detalles inusuales sobre los principales financiadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, ambos aspirantes dentro de ese proceso.
Según los registros oficiales presentados en la plataforma Cuentas Claras del CNE, Cepeda, quien resultó ganador de la consulta presidencial de la coalición con más de 1,5 millones de votos, reportó gastos por 964 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 75 % provino de dos grandes aportes inusuales.
El mayor donante identificado fue Samat Publicidad S.A.S., una empresa registrada en Barranquilla que aportó 609 millones de pesos, aunque sus registros mercantiles muestran que no reporta ingresos ordinarios significativos y opera desde un modesto local en el centro de la ciudad, según datos de la Cámara de Comercio local. Su representante legal también realizó una contribución individual de 116 millones de pesos.
Por su parte, en la campaña de Carolina Corcho, que reportó gastos por 1.428 millones de pesos, el 52 % de los recursos provino de préstamos otorgados por una empresa denominada “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU – en liquidación”, identificada como un restaurante de comidas con capital registrado inferior a los 2 millones de pesos y sin ingresos reportados al momento de su disolución en 2025.
El restante **48 % de los gastos de Corcho se financió mediante 41 préstamos de personas naturales, mientras que Cepeda aportó recursos propios equivalentes a 125 millones de pesos.
Estas revelaciones han llamado la atención debido al perfil y la actividad económica de los aportantes, lo que ha generado polémica política y solicitudes de investigación. La senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo, pidió al CNE que indague el origen y la legitimidad de las contribuciones, argumentando que empresas en liquidación o sin actividad aparente no deberían ser fuentes de financiamiento significativo en campañas políticas.
Los informes del CNE, divulgados más de dos meses después de la consulta, se produjeron en cumplimiento de la Resolución 00200 de 2025, que obliga a publicar detalladamente ingresos y gastos de las campañas para garantizar la transparencia y el control electoral.
La revelación de estos patrones de financiamiento ha reavivado el debate sobre la transparencia y la regulación de aportes en campañas políticas en Colombia, especialmente en procesos internos como la consulta del Pacto Histórico. Con los comicios de Congreso programados para marzo de 2026 y las presidenciales en mayo, la sociedad y las autoridades electorales estarán atentas a las investigaciones y posibles consecuencias jurídicas sobre el origen y la legitimidad de los recursos utilizados en estas campañas.