El borrador de norma del Gobierno propone fijar el precio de las Viviendas de Interés Social en pesos, pero economistas, constructores y congresistas alertan que la medida podría reducir la oferta y encarecer el acceso a vivienda para los hogares de menores ingresos.

El Gobierno nacional publicó un borrador de decreto que plantea desindexar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (smmlv), con el objetivo de fijar el valor de estas viviendas desde el inicio del negocio jurídico en pesos colombianos y evitar que el alza del mínimo automático incremente los precios finales.

Actualmente, el valor límite para catalogar una vivienda como VIS está expresado en salarios mínimos, y tras el aumento de cerca del 23 % del salario mínimo para 2026, los topes de precio se dispararán automáticamente, lo que ha generado preocupación por su impacto en el acceso a la vivienda social.

Críticas de expertos y sectores económicos

Diversos especialistas en vivienda, exministros y representantes del sector constructor han expresado inquietudes sobre los posibles efectos negativos del proyecto. El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao advirtió que reducir las referencias al salario mínimo y mantener un tope homogeneizado de 135 salarios mínimos (equivalente a cerca de 235,8 millones de pesos en 2026) sin considerar las diferencias de mercado entre ciudades podría limitar el acceso a viviendas donde el mercado es más costoso, como Bogotá, Medellín o Cali.

Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo ha señalado que el decreto podría desincentivar la construcción de nueva VIS, al obligar a los constructores a fijar precios desde el inicio sin mecanismos de ajuste ante variaciones de costos de materiales y mano de obra, lo cual podría traducirse en cancelaciones de proyectos y menor oferta.

El congresista Andrés Forero afirmó que el decreto podría ser inconstitucional, dado que implicaría modificar aspectos del Plan Nacional de Desarrollo mediante un decreto y no por la vía legislativa, además de que limitaría la oferta y posiblemente encarecería los proyectos de vivienda social.

Impactos sobre compradores y mercado

Según los críticos de la medida, al eliminar la indexación automática al salario mínimo, los constructores podrían fijar desde el inicio el precio de las VIS en el límite máximo permitido, lo que, unido a los mayores costos derivados del aumento salarial y de insumos, podría elevar los precios finales de las viviendas y reducir la oferta disponible para familias de bajos ingresos.

Además, se advierte que el decreto podría generar inseguridad jurídica para los proyectos en desarrollo, incrementar la conflictividad contractual y aumentar los desistimientos por parte de los compradores que no logren cerrar financieramente sus adquisiciones ante incertidumbres de mercado.

Postura oficial del Gobierno

Desde el Ejecutivo, la propuesta busca garantizar que el precio de la vivienda se pacte en pesos desde el inicio del negocio jurídico y que no se ajusten de forma automática solo por el aumento del salario mínimo, lo cual, según las autoridades, evitaría incrementos injustificados y salvaguardaría los derechos del consumidor.

La ministra de Vivienda ha señalado que solo se admitirán ajustes por variaciones comprobadas en los costos de construcción, y no por simples cambios en la referencia del salario mínimo.

El borrador del decreto que busca desindexar la vivienda VIS del salario mínimo ha puesto sobre la mesa un intenso debate entre el Gobierno, expertos y sectores económicos. Mientras que las autoridades defienden la medida como una forma de brindar transparencia y seguridad a los compradores, los críticos señalan riesgos en la oferta de viviendas y la estabilidad del mercado. El resultado final de esta iniciativa, cuyo texto aún está en consulta pública, será clave para determinar su impacto en la política de vivienda social en Colombia durante 2026 y los próximos años.