Tras el asesinato de cinco personas en el barrio Altos del Parrantial, el organismo de derechos humanos instó a investigar los hechos, implementar medidas de protección y fortalecer la presencia del Estado en la zona con alerta temprana.
La Defensoría del Pueblo condenó de manera enérgica la masacre ocurrida en Maicao, departamento de La Guajira, donde cinco personas fueron asesinadas la noche del pasado 9 de enero, y pidió a las autoridades competentes acciones urgentes para atender la situación de violencia y proteger a la población civil.
El ataque se registró en el sector Altos del Parrantial, cuando un grupo de hombres armados abrió fuego contra varias personas que departían en la calle, dejando como resultado cinco muertos y al menos dos heridos. La Defensoría señaló que, presuntamente, los hechos fueron perpetrados por integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo armado ilegal con presencia en el territorio, aunque este movimiento ha negado su responsabilidad en redes sociales.
La entidad, en cabeza de la defensora Iris Marín, insistió en que sobre Maicao existe una Alerta Temprana vigente desde 2019, la cual advertía sobre “el alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales” debido a la presencia y actuación de grupos armados ilegales en la zona.
En un Consejo de Seguridad extraordinario, la Defensoría exhortó a las autoridades a avanzar en investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar y judicializar a los responsables, así como adoptar medidas integrales de prevención y protección para la comunidad afectada. La petición incluyó el despliegue de la Fuerza Pública donde sea necesario, la realización de necropsias médico-legales y la efectiva coordinación de los ministerios del Interior y de Defensa.
Asimismo, la institución hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales para que respeten de manera estricta el derecho a la vida y la integridad de la población civil, recordando que este tipo de ataques constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
La Defensoría expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que mantendrá un seguimiento permanente a la situación y a la respuesta institucional, en cumplimiento de su mandato constitucional.
Este hecho se suma a la preocupante situación de violencia en La Guajira, donde las comunidades continúan enfrentando amenazas por la presencia de estructuras armadas ilegales. En respuesta, la Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque.
La masacre en Maicao y la reacción de la Defensoría del Pueblo ponen de relieve los desafíos de seguridad y protección de derechos humanos en zonas donde persiste la presencia de grupos armados ilegales. A medida que avanzan las investigaciones y las autoridades intensifican su respuesta, las comunidades locales aguardan medidas más efectivas que garanticen el respeto de la vida y la convivencia pacífica en La Guajira.