La medida busca reducir el gasto público y reabre el debate sobre los privilegios salariales de los altos funcionarios del Estado.

El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un decreto que eliminaría la prima de servicios que actualmente reciben los congresistas, un beneficio económico que representa cerca de 15 millones de pesos adicionales al mes y que fue establecido en 2013.

De acuerdo con el borrador conocido, la iniciativa hace parte de una estrategia de austeridad fiscal impulsada por el Ejecutivo, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas y la necesidad de ajustar el gasto del Estado. El Gobierno sostiene que el nivel de ingresos de los legisladores es significativamente superior al promedio nacional y que mantener beneficios adicionales resulta difícil de justificar en el actual contexto económico.

El documento argumenta que la prima de servicios no está consagrada de manera expresa en la Constitución, por lo que su eliminación podría hacerse vía decreto, sin necesidad de una reforma legal. En ese sentido, el Ejecutivo respalda su decisión en interpretaciones previas de la Corte Constitucional, que han señalado que este tipo de reconocimientos no constituyen un derecho adquirido inmodificable.

Desde el Gobierno también se ha señalado que la medida busca enviar un mensaje de equidad y responsabilidad fiscal, en un momento en el que se solicitan esfuerzos a distintos sectores de la sociedad para enfrentar los retos económicos del país. La eliminación de este beneficio, aseguran, permitiría redirigir recursos hacia prioridades sociales y programas estratégicos.

No obstante, la propuesta ha generado reacciones divididas en el Congreso. Algunos legisladores han cuestionado la legalidad del decreto y advierten que podría abrir un nuevo choque institucional, mientras otros consideran que es una señal necesaria frente al malestar ciudadano por los altos salarios de la clase política.

Según lo planteado por el Gobierno, la medida no tendría efectos retroactivos y aplicaría únicamente para los congresistas que se posesionen a partir del próximo periodo legislativo, lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre la remuneración de los altos funcionarios del Estado.