La Procuraduría sancionó al funcionario por uso indebido de sellos oficiales y falsificación de documentos para permitir salidas irregulares.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 17 años y seis meses a Didier Orlando Palacios Pinilla, oficial de Migración Colombia, por su presunta colaboración en el tráfico irregular de personas a través del país. La sanción fue impuesta tras una investigación que determinó que el funcionario facilitó la salida ilegal de migrantes mediante el uso indebido de sellos oficiales y la falsificación de documentos públicos.
Según el fallo disciplinario de primera instancia, Palacios Pinilla, asignado a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Regional Antioquia, y encargado del Puesto de Control Migratorio Marítimo, habría permitido la salida irregular de ciudadanos —principalmente de origen ecuatoriano— con destino a Panamá y Estados Unidos entre marzo y noviembre de 2023.
Hallazgos de la investigación disciplinaria
La Procuraduría calificó la conducta como una falta disciplinaria gravísima cometida con dolo, es decir, con pleno conocimiento de su ilegalidad. El Ministerio Público concluyó que el funcionario “incurrió de manera reiterada en conductas que permitieron la salida irregular de migrantes”, lo que —según el ente de control— afectó “los fines esenciales del Estado y obstaculizó la misión institucional de Migración Colombia”.
Durante la investigación se determinó que el uso indebido de sellos oficiales y la falsificación de documentos públicos le dieron apariencia de legalidad a tránsitos que violentaban las normas migratorias, situación que la Procuraduría considera una violación grave de los principios de primacía del interés general y moralidad administrativa.
Impacto y mensajes institucionales
La sanción busca enviar un mensaje claro sobre la cero tolerancia del Estado frente a la corrupción y la colaboración con redes irregulares dentro de entidades encargadas de la seguridad y el control migratorio. Migración Colombia es la entidad responsable de regular la entrada y salida de personas del país, por lo que las actuaciones de sus funcionarios tienen un impacto directo en los controles fronterizos y en la seguridad nacional.
Aunque la resolución es de primera instancia y puede ser apelada, la medida refleja la posición del Ministerio Público de proteger el interés general y combatir la corrupción interna que facilita delitos como el tráfico de migrantes.
La destitución e inhabilidad por casi dos décadas impuesta al oficial de Migración Colombia destaca la atención de las autoridades de control sobre posibles irregularidades en el manejo de la movilidad humana en las fronteras. La investigación apunta a conductas reiteradas que, según la Procuraduría, comprometieron la misión institucional de la entidad y vulneraron normas clave del servicio público, lo que subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión en puestos de control migratorio.