El gobierno rechaza el acto y señala que se interpondrán cargos por secuestro, obstrucción a la función pública y exposición de datos de los militares.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que el Gobierno interpondrá las correspondientes denuncias penales contra los responsables de la retención de 18 soldados del Ejército Nacional por parte de miembros de una comunidad indígena en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, hecho que calificó como grave y contrario al marco legal.
Las tropas estaban cumpliendo una operación militar contra un presunto cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuando fueron retenidas durante 36 horas por integrantes de la comunidad de Río Claro, del resguardo La Puria, informó el Ejército Nacional. La liberación de los uniformados se logró tras varios cuatro horas de diálogo con una comisión humanitaria integrada por autoridades locales y organismos como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.
El ministro Sánchez aseguró que las acusaciones incluirán delitos tales como secuestro, obstrucción a la función pública y exposición de rostros, nombres e identidades de los militares, lo cual, según él, pone en grave riesgo la vida de los uniformados y favorece actividades criminales. Las investigaciones buscarán determinar responsabilidades penales individuales.
“El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales”, dijo Sánchez a través de su cuenta oficial en redes sociales, al tiempo que agradeció la labor de las autoridades que participaron en la liberación de los soldados y confirmó que todos se encuentran en buen estado de salud.
Contexto de la retención
Según el reporte de las autoridades, los soldados fueron rodeados por unas 200 personas, trasladados de forma arbitraria al resguardo indígena e impedidos de continuar con su misión constitucional de proteger al Estado. Las acciones se registraron el 21 de diciembre de 2025, y las tropas permanecieron retenidas hasta la noche del 22 de diciembre, cuando se logró su liberación.
Información de inteligencia también indica que, durante el suceso, guerrilleros cercanos al objetivo de la operación presionaron a la comunidad para evitar la liberación de los uniformados, complicando el incidente.
Respuesta institucional y mensaje a la comunidad
El Gobierno insistió en que no existe territorio vedado para la Fuerza Pública, haciendo énfasis en que impedir la labor de las tropas constituye una vulneración de los derechos humanos y una obstrucción a la función pública. Esta postura fue reforzada por el ministro de Defensa y por las autoridades militares ante este tipo de hechos que, según ellos, ayudan a fortalecer la presencia de grupos armados ilegales en zonas con limitada presencia estatal.
La decisión de interponer denuncias penales tras la retención y posterior liberación de los 18 soldados en Chocó subraya la posición del Gobierno frente a actos que, desde la perspectiva oficial, violan el orden legal y la integridad de la Fuerza Pública. A medida que avancen las investigaciones, las autoridades buscarán establecer las responsabilidades individuales de los implicados y enviar un mensaje de firmeza frente a futuros actos similares en otras regiones del país.