El presidente y su gabinete activan medidas de seguridad, urgencia manifiesta y retorno de fumigaciones en respuesta a ataques de grupos armados en varias regiones.

El presidente Gustavo Petro y sus ministros delinearon una estrategia de seguridad para enfrentar una reciente escalada de violencia en regiones como Cauca y Cesar, que ha generado preocupación por sus posibles efectos en la estabilidad política y la agenda del Gobierno de cara a 2026. La decisión se tomó tras varias reuniones privadas en la Casa de Nariño, incluidas tres citas en los últimos días con la cúpula militar y altos funcionarios del Ejecutivo. 

La ola de violencia se ha caracterizado por ataques a la fuerza pública en diciembre, entre ellos acciones que dejaron muertos en Cauca y Cesar, lo que obligó al Gobierno a reordenar su agenda para priorizar la seguridad. Petro y su equipo evaluaron la figura de urgencia manifiesta para acceder rápidamente a recursos extraordinarios y fortalecer capacidades operativas, incluida la adquisición de equipos como sistemas de defensa antidrones. Parte de esos recursos podría provenir de una eventual declaración de emergencia económica, que el Ejecutivo estaría por decretar en los próximos días. 

En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el retorno de las fumigaciones con glifosato en zonas donde grupos armados obligan a comunidades a cultivar hoja de coca, con el fin de afectar las economías ilegales que sostienen estas estructuras criminales. 

Durante los encuentros de seguridad, las autoridades también identificaron deficiencias en la estrategia militar, específicamente en los mecanismos de inteligencia y vigilancia en puntos donde se registraron los atentados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que las limitaciones en las garitas y anillos de control facilitaron a los grupos armados perpetrar los ataques. 

Implicaciones políticas en un año electoral

La escalada de violencia llega en un momento delicado para la gestión de Petro y su apuesta de cara a los comicios de 2026. Originalmente el Gobierno planeaba cerrar el año con una agenda de gestión, pero los recientes hechos han desviado la atención hacia la crisis de seguridad. Analistas y sectores políticos advierten que el aumento de hechos violentos puede influir en la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para garantizar orden público y, por ende, en el panorama electoral. 

Frente a la creciente actividad de grupos armados y los ataques a la fuerza pública, el Gobierno de Gustavo Petro ha activado una combinación de medidas —incluidas la urgencia manifiesta, recursos extraordinarios para seguridad e incluso el retorno de fumigaciones con glifosato— para intentar contener la violencia. A medida que se consolidan estas estrategias y se oficialicen instrumentos como la emergencia económica, el Ejecutivo busca no solo responder a la crisis de seguridad, sino también mitigar su impacto político en un momento clave para el futuro de la administración y las elecciones venideras.