La directora Angie Rodríguez y el representante Carlos Carrillo protagonizan una controversia pública por el manejo de recursos y decisiones administrativas de la entidad.

Un nuevo enfrentamiento político e institucional se desató alrededor del Fondo de Adaptación, luego de que surgieran acusaciones cruzadas entre su directora, Angie Rodríguez, y el representante a la Cámara Carlos Carrillo, en medio de señalamientos por posibles hechos de corrupción y presuntas irregularidades en la gestión de contratos y recursos públicos.

La controversia tomó fuerza tras declaraciones públicas y la divulgación de documentos con los que ambas partes buscan sustentar sus versiones, lo que ha generado un amplio debate sobre la transparencia y el control en una de las entidades clave para la ejecución de proyectos de infraestructura y mitigación del riesgo en el país.

El representante Carlos Carrillo denunció presuntas anomalías en decisiones administrativas del Fondo de Adaptación, relacionadas con la contratación y el uso de recursos destinados a obras estratégicas. Según sus afirmaciones, existirían inconsistencias que ameritan revisión por parte de los entes de control.

Ante estos señalamientos, la directora Angie Rodríguez rechazó las acusaciones y aseguró que la gestión de la entidad se ha realizado conforme a la ley. La funcionaria defendió los procesos contractuales y afirmó que las denuncias carecen de sustento técnico y jurídico, señalando que se estaría afectando la reputación institucional sin pruebas concluyentes.

En el centro de la disputa se encuentran informes, oficios y comunicaciones oficiales que han sido citados por ambas partes para respaldar sus posiciones. Mientras Carrillo insiste en la necesidad de una investigación exhaustiva, Rodríguez ha reiterado que toda la información está disponible para los organismos de vigilancia y control del Estado.

El caso ha reavivado el debate sobre el rol del control político en entidades ejecutoras de alto presupuesto, así como sobre los límites entre la denuncia pública y la responsabilidad institucional.

Aunque hasta el momento no se ha anunciado una decisión formal por parte de los entes de control, el enfrentamiento ha generado llamados a que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía evalúen los hechos expuestos, con el fin de establecer si existen responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales.

Desde distintos sectores se ha insistido en la importancia de que las diferencias se resuelvan mediante mecanismos institucionales, para evitar que proyectos en ejecución se vean afectados por la controversia.

La disputa entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo pone nuevamente bajo la lupa al Fondo de Adaptación, una entidad estratégica para el desarrollo de obras públicas en Colombia. Mientras avanzan los señalamientos y las defensas, el caso deja en evidencia la necesidad de claridad, transparencia y control efectivo en la administración de los recursos públicos, a la espera de que las autoridades competentes determinen si hubo o no irregularidades.