El exministro negó cargos ante la imputación por presunto prevaricato en la licitación de pasaportes colombianos.
La Fiscalía General de la Nación formalizó este martes una imputación contra Álvaro Leyva Durán, quien fue ministro de Relaciones Exteriores, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo en medio del polémico proceso de licitación de pasaportes en 2023.
⚠️ La acusación: qué le imputa la Fiscalía
Según la investigación, Leyva habría emitido varios actos administrativos presuntamente ilegales para declarar “desierta” la licitación pública cuyo contrato estaba asignado a una firma llamada Thomas Greg & Sons, a pesar de que esta cumplía con los requisitos y había sido evaluada favorablemente.
La fiscal a cargo del caso explicó que esas decisiones no tenían justificación legal, constituyeron un abuso del poder, y alteraron el curso normal del proceso de contratación, violando principios como la transparencia, objetividad y legalidad.
📄 Antecedentes disciplinarios y sanción definitiva
Este caso ya había sido investigado por la Procuraduría General de la Nación, que en septiembre de 2025 ratificó una sanción definitiva: destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos, al determinar que la declaración de desierta de la licitación careció de fundamento legal.
Durante la audiencia de imputación, Leyva negó rotundamente su responsabilidad en los cargos que le imputan. Asistió a la diligencia de forma virtual, se encuentra en el exterior, y aseguró que “no acepta ninguno de los cargos”.
Con esta imputación, el caso avanza formalmente desde el ámbito disciplinario al penal. Si se comprueba la acusación, Leyva podría enfrentarse a penas de prisión, y la decisión marcará un precedente importante sobre la vigilancia de los procesos contractuales estatales en Colombia.
La imputación contra Álvaro Leyva puso en evidencia presuntas irregularidades graves en la contratación para la emisión de pasaportes, un contrato de gran importancia para la movilidad internacional de los ciudadanos. Con su negativa a aceptar los cargos y una sanción disciplinaria ya confirmada, será la justicia penal la que determine si hubo delito. Este episodio subraya la exigencia de transparencia y legalidad en la gestión pública, especialmente en procesos sensibles para los ciudadanos.