Aunque la ley demanda un contrato escrito, muchos arrendamientos en Colombia se hacen de palabra —y aun así quienes arriendan conservan derechos fundamentales reconocidos por la justicia.
En Colombia, es frecuente que los arrendamientos residenciales se celebren de palabra, sin contrato escrito —una práctica que, aunque informal, no elimina por completo los derechos del arrendador. Un artículo reciente advierte cuáles son esos derechos y bajo qué condiciones aplican.
Entre los derechos que conserva el arrendador está el de exigir el pago de arriendo y servicios públicos, reclamar compensaciones por daños al inmueble, reclamar formalización de contrato, e incluso pedir desahucio por incumplimiento del arrendatario. Estas facultades resultan aplicables mientras exista acto de posesión y reconocimiento tácito del alquiler —por ejemplo, por entregas de dinero periódicas o convivencia continua.
Sin embargo —y aquí radica el problema— la ausencia de contrato escrito limita la seguridad jurídica tanto para el arrendador como para el inquilino. En disputas legales, la falta de pruebas documentales complica demostrar cláusulas, plazos, valor del canon, responsabilidades y obligaciones. Esto puede generar litigios largos, incertidumbre y riesgos de pérdidas.
El artículo también advierte que, aunque la ley permite contratos verbales, lo recomendable siempre es formalizar: un contrato por escrito protege derechos, estipula responsabilidades claras, define duración, forma de pago, mantenimiento, condiciones de entrega, y deja constancia ante autoridades. En especial si el casero va a hacer un arriendo de largo plazo, con familia, niños, mascotas o cambios en la ocupación.
Arrendar sin contrato puede parecer una solución práctica, especialmente en contextos informales o de urgencia. Pero representa una carga de incertidumbre legal que, tarde o temprano, puede generar conflictos serios. Para quienes arriendan —ya sea como propietarios o inquilinos— la mejor apuesta es la formalización: un papel firmado un contrato protege a ambas partes, define reglas claras y evita sorpresas desagradables. En materia de vivienda, la claridad jurídica suele ser tan importante como el techo bajo el que se vive.