El descubrimiento de dos pistolas sin registro en la habitación del uniformado intensifica dudas sobre los controles en la institución militar tras el presunto feminicidio seguido de suicidio.
En la investigación por la muerte de la subteniente María Camila Mora y el suicidio de su colega, el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, las autoridades encontraron dos armas adicionales no oficiales en la habitación asignada al capitán dentro del complejo militar del Cantón Norte, en Bogotá.
Las armas no formaban parte de la dotación oficial del uniformado, según confirmó el comandante del Ejército. Esto abre interrogantes graves: ¿cómo ingresaron esas pistolas al área militar?, ¿quién permitió su ingreso?, y sobre todo, ¿qué uso podrían haber tenido previo al crimen denunciado? Los hallazgos obligan a revisar mecanismos de control, custodia de armamento y protocolos internos de seguridad.
El caso, ocurrido la noche del 26 de noviembre, se remonta a un episodio en que, según versiones preliminares, el capitán invitó a la subteniente a un vehículo dentro del Cantón. Allí, tras una discusión, le disparó al menos cinco veces y luego se quitó la vida. Junto al vehículo se halló un arma —presumiblemente la usada en el crimen— y la investigación del arma encontrada apunta a rastreo balístico, para confirmar su uso o posible conexión con otros hechos.
El doble hallazgo —de cuerpos y de armas no autorizadas— ha abierto un debate institucional sobre la rigurosidad de los controles en zonas de alta seguridad como el Cantón Norte. Desde la institución se ha señalado que los aspirantes reciben exámenes psicológicos y que existe una línea de apoyo permanente, pero este caso expone posibles fallas graves en la supervisión de armamento y en la protección de vidas, incluso dentro de la propia institución.
El hallazgo de armas ocultas en la habitación del capitán Masmela no es una simple irregularidad: es una señal alarmante de posibles fallas sistemáticas en los controles internos del Ejército. Si no se esclarecen cómo entraron esas pistolas al complejo militar, la confianza ciudadana en la institución podría erosionarse aún más. Este caso no solo exige justicia por la muerte de la subteniente —potencial feminicidio—, sino también un examen profundo de protocolos de seguridad, custodia de armamento y bienestar psicológico de los miembros de las fuerzas. El país merece respuestas claras.