La apertura de 10 nuevas representaciones diplomáticas en el exterior despierta críticas por el alto gasto público en medio de la crisis fiscal.

Durante la administración de Gustavo Petro, el Estado colombiano ha desembolsado 19.513 millones de pesos para la creación de 10 nuevas embajadas y consulados en distintos países —incluyendo sedes en Arabia Saudita, Catar, Guyana, Nueva Zelanda, Etiopía, Rumania, Barbados, República Checa, Senegal y un consulado en Río de Janeiro.

De ese total, 17.561 millones se destinaron a habilitar las embajadas y aproximadamente 2.257 millones al establecimiento de los consulados. Además, los costos adicionales incluyen el pago de sueldos para el personal diplomático, sumando varios millones de dólares anuales, lo que incrementa la carga presupuestal de la cancillería.

El anuncio se da en un momento de tensión fiscal en Colombia: el gobierno tramita una reforma tributaria con el fin de cubrir un déficit presupuestal proyectado en 16 billones de pesos para 2026, lo que ha encendido críticas sobre el uso de recursos públicos en diplomacia cuando hay necesidades urgentes en ámbitos sociales, económicos y de inversión interna. 

Para algunos analistas y sectores políticos, la decisión de expandir la red diplomática refleja un gasto superfluo en un contexto de prioridades tensas. Otros, sin embargo, argumentan que ampliar la presencia internacional de Colombia puede abrir oportunidades comerciales, diplomáticas y de cooperación que justifiquen la inversión.

La inversión de casi 20 mil millones de pesos en nuevas embajadas y consulados pone en evidencia un dilema central del gobierno: equilibrar la expansión de la proyección internacional con las urgencias internas del país. En un momento en que Colombia enfrenta retos presupuestales y una agenda social demandante, estas decisiones reabren el debate sobre prioridades: ¿es necesario reforzar la diplomacia en estos términos, o convendría redirigir esos recursos hacia necesidades domésticas más urgentes?